La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) manifestó su rechazo al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobado por el Senado el pasado 29 de octubre, que eleva la tasa aplicada al sector de 30% a 50%. La medida, impulsada dentro del Paquete Económico 2026, busca incrementar la recaudación fiscal pero genera preocupación entre los operadores legales del país.

La organización, presidida por Miguel Ángel Ochoa, señaló que la reforma se aprobó sin atender las particularidades del mercado regulado, el cual aporta miles de millones de pesos en impuestos y mantiene operaciones en 30 de los 32 estados de la República. Recordó que el sector genera más de 200 mil empleos directos e indirectos y ha solicitado por más de una década una actualización integral de la ley de 1947 que rige las actividades de juego y apuestas.

AIEJA advirtió que el incremento del IEPS podría provocar un desplazamiento de los usuarios hacia plataformas ilegales, que operan sin control fiscal ni supervisión de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el organismo, esta situación representaría un golpe al mercado formal y afectaría la recaudación del propio Estado, al favorecer la competencia desleal y la evasión tributaria.

“Pareciera ser, por el contrario, un incentivo para que los apostadores y jugadores que hoy hacen uso de plataformas autorizadas y supervisadas por la Secretaría de Gobernación, huyan hacia el mercado de juego ilegal”, se lee en el comunicado emitido por la Asociación.

La AIEJA también consideró que el incremento impositivo encarecerá las operaciones del sector y podría poner en riesgo la viabilidad de los negocios más pequeños, que enfrentan mayores costos de cumplimiento. Según la organización, la reforma desincentiva la inversión y frena los esfuerzos de modernización del marco jurídico del juego en México.

Finalmente, la Asociación llamó a las autoridades federales y al Congreso a establecer un diálogo con el sector antes de aplicar cambios estructurales que, lejos de fortalecerlo, puedan debilitarlo y poner en riesgo miles de empleos y la contribución económica de una industria regulada.