La inauguración se realizará pese a la existencia de amparos y suspensiones definitivas concedidas por tribunales federales a habitantes que se oponen a la construcción del sistema.

Este escenario ha generado un frente legal que coloca bajo presión al gobierno estatal y particularmente al secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, por un presunto incumplimiento de resoluciones judiciales.

Fuentes gubernamentales indicaron que también se revisa la actuación del funcionario por el posible desacato a diversas órdenes judiciales relacionadas con el proyecto, situación que podría derivar en nuevas denuncias penales por parte de los afectados.

De acuerdo con información publicada por la revista Proceso, la controversia ha escalado más allá de una disputa por infraestructura pública y se ha convertido en un problema jurídico para la administración estatal.

La situación se agravó tras el asesinato del abogado Isidro Ramos Sandoval, quien representaba a habitantes de Uruapan que promovieron amparos contra el teleférico y habían obtenido suspensiones definitivas para varias torres del sistema.

La obra forma parte de un proyecto multianual impulsado por el gobierno estatal y contempla una línea de aproximadamente 8.4 kilómetros con seis estaciones que conectarán puntos como el IMSS, Plaza Ágora, el centro de la ciudad y el Mercado Poniente.