Especialistas estadounidenses advirtieron que una intervención militar de Estados Unidos en México, bajo el argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico, carecería de sustento estratégico y político. En una columna publicada en The Hill, los exlegisladores Christopher Shays y Richard Swett sostuvieron que ese planteamiento desconoce la responsabilidad directa de Washington en el fenómeno de las drogas.

Los autores recordaron que el expresidente Donald Trump utilizó una narrativa similar para justificar presiones e incluso una posible acción militar contra Venezuela, con la promesa de reducir el ingreso de drogas a territorio estadounidense. Ese enfoque, señalaron, no alteró los niveles de consumo ni debilitó a las redes criminales que operan a escala transnacional.

De acuerdo con el análisis, el tráfico de drogas persiste por causas estructurales localizadas en Estados Unidos, entre ellas la alta demanda de estupefacientes y el flujo constante de armas de fabricación estadounidense hacia México. Mientras estos factores continúen, una operación militar en territorio mexicano no solo resultaría ineficaz, sino que agravaría la violencia y la inestabilidad regional.

El texto también destaca el viraje de la estrategia mexicana bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que priorizó el combate a las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado, además del fortalecimiento de la coordinación con agencias estadounidenses.

En este esquema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabeza el refuerzo de las capacidades de inteligencia e investigación, con operativos dirigidos a los liderazgos criminales y a los circuitos de financiamiento, en lugar de concentrarse en detenciones aisladas de bajo impacto.

Cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reflejan los efectos de esta coordinación. Las incautaciones promedio mensuales de fentanilo pasaron de 771 kilogramos en 2024 a 338 kilogramos en 2025, lo que representa una disminución superior al 50 por ciento.

El informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) correspondiente a 2025 señala que productores de fentanilo en México enfrentan mayores obstáculos para acceder a precursores químicos, un indicio del impacto en las cadenas de suministro. A la par, se registró un aumento en las extradiciones y en las acciones contra las finanzas del crimen organizado.

Durante una visita oficial a México en 2025, el secretario de Estado Marco Rubio reconoció estos resultados y afirmó que la relación bilateral alcanzó un nivel de cooperación sin precedentes, basado en el respeto a la soberanía y en objetivos compartidos.

Para los analistas, una incursión militar estadounidense rompería este esquema de trabajo conjunto. Además de vulnerar la soberanía mexicana, afectaría los mecanismos de intercambio de inteligencia, extradición y control financiero, y abriría la puerta a represalias indirectas de los grupos criminales contra infraestructura estratégica y rutas comerciales.

El texto concluye que la única vía viable para debilitar a los cárteles pasa por una mayor corresponsabilidad de Estados Unidos, con políticas orientadas a reducir la demanda de drogas, frenar el tráfico de armas y consolidar la cooperación con México, en lugar de recurrir a amenazas o al uso de la fuerza.