El cambio se produjo tras la concesión de un amparo por parte de la jueza Amarande Riojas, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva que se había dictado contra el acusado.

Con base en ese fallo, un juez de control en la capital del país ajustó la medida cautelar y determinó que el imputado permanezca en su domicilio bajo resguardo, con vigilancia continua de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La resolución ha llamado la atención en distintos sectores, no solo por el sentido del fallo, sino por el contexto en el que ocurre, lo que ha intensificado el debate en torno a las decisiones judiciales en casos vinculados con violencia de género.

Los hechos por los que se sigue el proceso ocurrieron el 18 de marzo de 2019, cuando Maciel Alejandrina fue agredida en el domicilio de su pareja. La víctima presentó múltiples contusiones, lesiones en diferentes partes del cuerpo, una herida en la garganta causada con un gancho y traumatismo craneoencefálico. Murió el 26 de abril de ese mismo año, tras varias semanas hospitalizada.

Familiares han señalado que, después de la agresión, personas cercanas al presunto responsable intervinieron en lo ocurrido al ocultar información, alterar la escena y proporcionar datos falsos en el hospital, lo que complicó la localización de la víctima por parte de su hija.

Austria, hija de Maciel, encabezó las acciones para exigir justicia durante más de cuatro años, hasta que en 2023 se concretó la detención del imputado. Desde entonces, el proceso ha registrado diversos diferimientos que han prolongado su desarrollo.

Tras la modificación de la medida cautelar, familiares y organizaciones han expresado inquietud por los efectos que esta decisión podría tener tanto en las víctimas indirectas como en la continuidad del proceso judicial.

El caso ha sido retomado por distintas agrupaciones como ejemplo en la discusión sobre los criterios que se aplican en delitos de alto impacto, en particular en aquellos relacionados con violencia de género, donde se mantiene la exigencia de resoluciones judiciales consistentes.