Sin revelar públicamente quién fue el proveedor, el Órgano de Administración Judicial compró 571 vehículos por un total de 252 millones de pesos bajo un esquema de adjudicación directa encabezado por Néstor Vargas Solano.

El organismo sostuvo que las unidades anteriores presentaban fallas recurrentes, pero el comunicado del 23 de enero no adjuntó ningún dictamen técnico ni evaluación financiera que respalde la necesidad de sustituir el parque vehicular del Poder Judicial de la Federación.

La falta de estudios de mercado y de documentos que avalen la compra contrasta con el tamaño del contrato, uno de los más elevados para suministro vehicular en el ámbito judicial. Fuentes internas del propio OAJ señalan que el proveedor presuntamente favorecido sería Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, empresa que habría recibido el pago por suministrar vehículos para funcionarios del TEPJF y de la SCJN.

Una parte relevante del paquete incluye 124 unidades híbridas y/o eléctricas, aunque la dependencia no ha detallado cuánto costará su operación ni ha aclarado cómo se abastecerán de energía, pese a que no existen cargadores disponibles.

El historial de Jet Van Car dentro del sector público es extenso: de 2010 a 2026 ha recibido 825 contratos por más de 19 mil 384 millones de pesos, según datos oficiales de Compras MX. Además, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la empresa fue inhabilitada por incumplimientos contractuales, y la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades millonarias que derivaron en notificaciones al Servicio de Administración Tributaria.