Desarrolladores del estado señalaron que el gravamen ha incidido en el alza de insumos como triturados, block, cemento y yeso, lo que se ha trasladado al costo final de las viviendas. Según un estudio del sector, el precio de la vivienda de interés social ha aumentado 52% desde 2019.

El análisis detalla que materiales como arena y grava han registrado incrementos de hasta 188%, mientras que otros insumos superan el 100%, como el block, con aumentos cercanos a ese nivel. Este comportamiento ha impactado directamente en los proyectos habitacionales.

El segmento más afectado es el de viviendas de menor tamaño. En casas de un nivel de alrededor de 48 metros cuadrados se reporta un aumento cercano al 57% en precios; en viviendas de dos niveles de aproximadamente 62 metros cuadrados, el incremento ronda el 50%, y en unidades de mayor tamaño alcanza cerca del 49%.

De acuerdo con desarrolladores, el aumento en costos ha provocado que algunos proyectos de vivienda social dejen de ofrecerse, al superar la capacidad de compra de las familias.

A este panorama se suman señalamientos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Nuevo León (Canadevi), que ha reportado cobros irregulares por parte de autoridades municipales de entre 2% y 3% del valor total de los proyectos. Su presidente estatal, Javier Treviño, indicó que estas prácticas incluyen pagos para agilizar trámites, autorizaciones o permisos de uso de suelo.

El organismo también ha señalado que en algunos casos se solicitan aportaciones en especie, como participación en desarrollos, entrega de tierra o unidades habitacionales, además de retrasos administrativos como mecanismo de presión. En paralelo, se han reportado casos de extorsión en el sector transporte, con cobros de hasta 30 mil pesos mensuales para operar en determinados municipios.

En este contexto, el sector extractivo mantiene una confrontación pública entre la empresa Matrimar y el Gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García, derivada de clausuras, auditorías y disputas por el pago del impuesto ambiental. La compañía ha señalado que se encuentra al corriente en sus obligaciones y ha obtenido suspensiones judiciales federales para reabrir operaciones, mientras que autoridades estatales han referido adeudos millonarios. El caso escaló tras la difusión de audios sobre la solicitud de un “pago fuerte”, lo que derivó en denuncias por presunta extorsión y en la petición del Congreso local para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

Para desarrolladores y organismos empresariales, la combinación de incrementos en materiales, cargas fiscales y señalamientos de cobros irregulares continúa incidiendo en el precio de la vivienda en Nuevo León, particularmente en el segmento social.