La notificación reactivó temores por antecedentes con otros proveedores y por el uso de información personal, de acuerdo con Periódico Mural. Algunos policías relacionaron el aviso con el antecedente de Saymoc, operadora de tarjetas de BZ Capital, cuando fallas derivaron en bloqueos y en la falta de acceso a fondos. 

En este caso, la información oficial fue escasa y el contrato se canceló por presuntas irregularidades, asimismo, el destino de alrededor de 480 mil pesos en saldos no se ha esclarecido.

De acuerdo con usuarios la tarjeta Broxel requiere activar una función en la aplicación para operar en ciertos establecimientos, al tiempo de externar inquietud por la petición de datos personales adicionales. Para trabajadores del sector público, la principal preocupación es la certeza en el acceso a sus recursos y la protección de su información. 

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) exhortó a sus afiliados a no proporcionar información extra en la aplicación o en el portal. Aclaró que el servicio no contempla comisiones para empleados ni para la universidad.

El escenario se suma a recientes cuestionamientos públicos sobre la presencia de Broxel en distintos mecanismos en Jalisco. Versiones periodísticas indican que autoridades federales mantienen investigaciones relacionadas con la operación de la Tarjeta Única en la entidad, utilizada en programas y servicios públicos.

Cálculos divulgados en medios nacionales estiman que el cobro por transacción en el sistema de transporte podría representar ingresos de hasta 16 millones de pesos al mes para la empresa.

Al respecto, especialistas destacaron la necesidad de mayor claridad en contratos, protección de datos, comisiones y condiciones para usuarios ante la expansión de plataformas financieras vinculadas a servicios públicos.