Como parte de los esfuerzos para fortalecer la atención a las víctimas de despojo de sus inmuebles, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama busca reformar los artículos 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de agilizar la devolución de estos a sus legítimos propietarios.

La legisladora de MORENA subió a la tribuna del Congreso capitalino para presentar una iniciativa de reformas a dicho ordenamiento, en materia de fortalecimiento de las acciones institucionales para la investigación y atención del delito de despojo.

“La atención de los derechos de las víctimas exige también examinar las consecuencias que permanecen mientras ese procedimiento avanza (…). La víctima tiene derecho a ser escuchada, protegida y atendida desde el momento en que sufre la afectación y durante todo el procedimiento”, consideró.

Explicó que cuando una persona es privada de un inmueble, el problema no termina al presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes. Esto, añadió, porque a partir de ese momento inicia una investigación que requiere distintas diligencias, la participación de varias autoridades, y la revisión de documentos y antecedentes.

La representante popular comentó que a lo largo de este proceso, la víctima permanece sin tener acceso a su bien. “La víctima, además de ser una persona que aporta pruebas para que el Estado investigue y castigue un delito, tiene derecho a recibir atención, a participar en el procedimiento y a que las autoridades se ocupen de las consecuencias que los hechos u omisiones producen en su vida”.

Detalló que su iniciativa pretende establecer que el Ministerio Público (MP) investigue sin dilación la situación jurídica y material del inmueble, y que las autoridades registrales, catastrales y notariales atiendan de manera prioritaria y expedita los requerimientos relacionados con estas investigaciones.

Asimismo, que -una vez practicadas las diligencias necesarias- el MP revise si subsisten las razones para mantener asegurado el inmueble. Apuntó que cuando proceda su devolución, deberá valorar los hechos de las personas involucradas y la situación que existía antes de los hechos denunciados.

“Esto no significa que todos los inmuebles deban devolverse. Cada caso requiere una investigación que permita conocer su situación jurídica y material, así como los derechos que puedan corresponder a otras personas”, aclaró la morenista.

En ese sentido, precisó que devolver un inmueble tampoco implica declarar culpable o inocente a la persona investigada, ni resolver quién es el propietario, pues la responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento correspondiente.

Batres Guadarrama subrayó que el objetivo de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales es que la víctima no permanezca privada del ejercicio de sus derechos por demoras innecesarias, cuando la investigación ya cuenta con elementos suficientes para adoptar una determinación conforme a la ley.

Al concluir su participación, la Mesa Directiva del Congreso local dio a conocer que la iniciativa sería turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictaminación. En caso de que sus integrantes la aprueben, el dictamen pasaría al Pleno Legislativo también para su votación. De obtener el aval, se remitiría al Congreso de la Unión para que siga su trámite parlamentario, al tratarse de un ordenamiento federal.