Debido a que en los últimos años han aumentado las denuncias falsas y actos de hostigamiento de madres y padres de familia en contra de maestras y maestros, la diputada Juana María Juárez López propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, con el fin de brindarles protección y seguridad jurídica.

La propuesta de la legisladora de Morena fue dada a conocer por la Mesa Directiva del Congreso capitalino en su Sesión Ordinaria del pasado 8 de septiembre, y turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, para que su análisis y dictaminación.

En su propuesta, indica que se ha registrado un alarmante incremento de denuncias falsas, señalamientos infundados, procedimientos administrativos indebidos y prácticas de hostigamiento en contra del personal docente por parte de madres, padres y tutores de los alumnos.

Precisa que esa problemática es a causa de conflictos personales, desconocimiento de protocolos educativos e incluso por dolo, abuso o chantaje, lo que ha generado un ambiente de violencia institucional en perjuicio del magisterio. Ante ello, considera necesario revalorizar a las y los trabajadores de la educación.

Asimismo, indica que la falta de reconocimiento no se limita a las y los profesores, sino también hacia quienes desempeñan funciones de supervisión, dirección, administración y apoyo. Por ello, agrega, es necesario garantizar un trato digno por parte de autoridades, padres de familia y sociedad en su conjunto.

Juárez López propone agregar un Artículo XXX Bis a la citada ley, en el que se establezca la necesidad de fomentar el respeto a la labor del personal docente, como pilar fundamental de la sociedad y del proceso educativo, a través del cumplimiento irrestricto del marco normativo.

“Proponer a la Autoridad Educativa Federal estrategias y protocolos de prevención, actuación y atención ante situaciones de violencia en contra del personal docente, los cuales deberán ser difundidos y accesibles para todos los integrantes de la comunidad educativa. Dichos protocolos tendrán por objeto garantizar la integridad personal, profesional y jurídica del personal docente en el ejercicio de sus funciones”, se indica en el mismo artículo.

Respecto a la modificación del Artículo 106 de la Ley de Educación capitalina, propone agregar: “Las quejas anónimas serán objeto de investigación y esclarecimiento, valorando exhaustivamente todos los elementos de prueba recabados para determinar su sustento y descartar cualquier carácter malicioso”.

En ese contexto, argumenta que entre los años 2012 y 2018 se registró una desvalorización de la figura docente, derivada de políticas públicas y discursos que atribuyeron al magisterio la responsabilidad de las deficiencias en la calidad educativa.

Además, que la reforma educativa de 2013 introdujo mecanismos de evaluación con un enfoque punitivo que generó una imagen negativa del profesorado, incertidumbre laboral y afectaciones a su desarrollo profesional.

Juárez López recuerda que en 2019 dicha reforma fue derogada e inició un nuevo enfoque orientado a la revalorización del magisterio, y que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 estableció como objetivo reconocer a maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, al promover su desarrollo profesional, mejora continua y respeto a sus derechos laborales.

La iniciativa de la morenista resalta que, de acuerdo con la estadística del ciclo escolar 2024-2025 elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México existen 53 mil 840 docentes en educación inicial, preescolar, primaria, educación especial, secundaria y educación normal en escuelas públicas, así como 19 mil 175 en instituciones privadas.