La industria acuícola mexicana atraviesa una de sus mayores tensiones de los últimos años luego de que productores de Sinaloa, Sonora y Nayarit denunciaran el ingreso ilegal de grandes volúmenes de camarón ecuatoriano al mercado mexicano.

El reclamo volvió a tomar fuerza en 2026 tras nuevas protestas del sector y pedidos de intervención al gobierno federal, debido a que la caída de precios y el exceso de oferta ya afectan producción, rentabilidad y empleo en regiones donde la acuicultura es una actividad central.

De acuerdo con organizaciones como la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa (COADES) y el Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón (CONPAC), cada año ingresarían al país cerca de 20 mil toneladas de camarón ecuatoriano de forma irregular, aunque algunos reportes internos del sector elevan esa cifra a más de 35 mil toneladas anuales considerando triangulación y reetiquetado.

Los productores sostienen que el impacto ya se refleja en la actividad económica del noroeste mexicano. En Sinaloa, una de las principales regiones camaroneras del país, se habría sembrado apenas el 50% de las hectáreas previstas, mientras crecen los inventarios sin vender y se frenan nuevas inversiones.

Las denuncias apuntan a dos mecanismos principales: el contrabando directo por pasos fronterizos no autorizados y las importaciones reetiquetadas o trianguladas mediante documentación falsa o subfacturación. Según referentes del sector, parte de la mercadería ingresaría desde Centroamérica antes de llegar al mercado mexicano.

La presión sobre los precios internos encendió las alarmas porque miles de familias dependen de la acuicultura y de actividades asociadas a la pesca, procesamiento y logística. Estimaciones difundidas por productores indican que hasta 400 mil empleos directos e indirectos podrían verse afectados si el mercado continúa saturado.

A esto se suma la preocupación sanitaria. Los acuicultores mexicanos afirman que parte del producto ingresaría evitando controles de organismos como SENASICA, COFEPRIS y aduanas, lo que genera temor por posibles enfermedades y problemas de trazabilidad.

Entre los riesgos mencionados aparecen patologías como la mancha blanca y distintos cuadros de vibriosis, enfermedades que históricamente provocaron pérdidas económicas en la acuicultura regional.

La problemática llegó hasta el gobierno federal y el Congreso mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la preocupación de los productores y se conformaron mesas de trabajo con organismos como CONAPESCA, Guardia Nacional, ANAM y SEMAR para revisar controles y operativos.

También crecieron las denuncias sobre presuntas irregularidades en aduanas. Productores aseguran que algunos cargamentos lograrían ingresar sin revisiones adecuadas mediante pagos ilegales, situación que alimentó pedidos de investigaciones y sanciones penales.

Ecuador es actualmente uno de los mayores exportadores de camarón del mundo y posee costos de producción más bajos que México, lo que aumenta la competitividad de su oferta internacional. Sin embargo, los reclamos mexicanos no apuntan al comercio formal autorizado, sino al ingreso irregular que, según el sector, altera precios, distorsiona el mercado y compromete la sustentabilidad de miles de productores locales.