Capturan a alcaldes y funcionarios de Morelos por presunta red de extorsión ligada al crimen organizado

Autoridades federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra seis personas, entre ellas presidentes municipales y funcionarios públicos de Morelos, señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las detenciones se realizaron en Morelos y Querétaro como parte de las investigaciones sobre una red criminal que operaba en la región oriente del estado.

Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla, y Jonathan “N”, tesorero del mismo ayuntamiento.

También fueron capturados Pablo Adrián “N”, identificado como empresario, y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una presidencia municipal.

Además, García Harfuch señaló que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, contra quien existe una orden judicial pendiente de cumplimentar.

De acuerdo con las investigaciones federales, en municipios de la zona oriente de Morelos operaba un esquema de extorsión contra comerciantes, transportistas y distintos sectores productivos mediante amenazas y cobro de cuotas.

El funcionario indicó que, tras el reforzamiento de la estrategia de seguridad en Morelos a mediados de abril por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ampliaron las labores de inteligencia y coordinación entre corporaciones federales.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la SSPC, quienes ejecutaron cateos en inmuebles de Morelos y Querétaro.

Como parte de las medidas derivadas de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará cuentas y operaciones de 32 sujetos relacionados con la presunta red de corrupción: 22 personas físicas y 10 empresas.

Según las autoridades, varios de los investigados tendrían vínculos con un operador regional del Cártel del Pacífico, al que presuntamente habrían brindado apoyo y facilidades de operación desde espacios institucionales.

El Gabinete de Seguridad señaló que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y desarticular redes de protección al crimen organizado en la entidad.

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