El Congreso de Nuevo León solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación por los presuntos actos de extorsión denunciados por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), caso que involucra a funcionarios del Gobierno estatal encabezado por Samuel García, asimismo, 

La solicitud también menciona al dirigente local de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez Ríos, a quien se atribuye un audio difundido públicamente. El exhorto fue impulsado por la diputada Armida Serrato Flores (PRI), presidenta de la Comisión Anticorrupción, y recibió 30 votos a favor de legisladores de PAN, PRI, Morena, PRD y PT durante la sesión del 10 de marzo de 2026.

La petición se dirigió a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos con base en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y el artículo 73 de la Constitución federal.

En el audio atribuido a Martínez Ríos se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación, además de referencias a integrantes del gabinete estatal. En la mención del caso en el Pleno también se mencionó al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, y al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

En diciembre de 2025, más de 60 cámaras y organismos empresariales, como Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, manifestaron su rechazo a los aumentos fiscales incluidos en el Paquete Fiscal 2026, al considerar que afectarían la inversión y el empleo. 

Un mes después, en enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció presuntos abusos y cobros indebidos de agentes de tránsito en distintos municipios metropolitanos, con impactos económicos millonarios.

El conflicto entre Matrimar y el Gobierno estatal inició en 2025, cuando la pedrera enfrentó inspecciones, auditorías y clausuras administrativas relacionadas con el impuesto ambiental aplicado a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos.

La empresa sostiene que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y denuncia que las acciones constituyen “extorsión institucional”, con afectaciones económicas y laborales para alrededor de 500 familias vinculadas a la operación de la planta.

Asimismo, en noviembre de 2025 y luego de una revisión por la Secretaría de Finanzas estatal se determinó que la pedrera cumplía con sus obligaciones fiscales, según documentos exhibidos por la empresa; no obstante, posteriormente se reportaron nuevos requerimientos y cierres operativos, acciones que de acuerdo con Matrimar constituyen “extorsión institucional”.