Las dudas surgidas en torno al examen de admisión en línea a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a raíz de las denuncias de algunos aspirantes sobre posibles irregularidades en el sistema, reavivaron un debate que trasciende a la Máxima Casa de Estudios: la seguridad digital de las instituciones frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Aunque la Universidad inició una investigación para esclarecer lo ocurrido durante este proceso, aplicado por primera vez de manera virtual con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial, el episodio recuerda que ninguna organización está exenta de sufrir incidentes que comprometan su infraestructura tecnológica y la información que resguarda.

Empresas, universidades, dependencias gubernamentales y organismos públicos enfrentan todos los días ciberataques que pueden interrumpir sus operaciones, afectar datos sensibles y deteriorar la confianza de ciudadanos, clientes y usuarios.

El IMMUNE Technology Institute define un ciberataque como una acción deliberada para acceder sin autorización a sistemas, redes o dispositivos con el propósito de robar información, interrumpir servicios, extorsionar o realizar actividades de espionaje o sabotaje.

Para lograrlo, los delincuentes recurren a diversas herramientas, entre ellas destacan el malware, que engloba programas diseñados para infiltrarse en los equipos; los troyanos, que se ocultan en archivos aparentemente legítimos; el ransomware, que bloquea el acceso a la información a cambio de un pago, y los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), capaces de saturar servidores hasta dejarlos fuera de operación.

La magnitud del problema queda reflejada en el Reporte Global sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs, que ubica a América Latina entre las regiones con mayor actividad maliciosa registrada durante 2025, con Brasil, México y Colombia entre los países más afectados.

En el caso mexicano, distintos estudios advierten un incremento en los ataques dirigidos contra empresas y organismos públicos. También alertan sobre el uso creciente de herramientas de Inteligencia Artificial para automatizar campañas de fraude, perfeccionar intentos de suplantación de identidad y hacer más eficaces los ataques informáticos, con pérdidas económicas que cada año representan miles de millones de pesos.

Sin embargo, la tecnología no es el único punto vulnerable, diversas investigaciones coinciden en que buena parte de los incidentes tiene su origen en errores humanos: abrir correos electrónicos fraudulentos, descargar archivos sin verificar su procedencia, reutilizar contraseñas o ignorar actualizaciones de seguridad. Cuando estas prácticas se combinan con una capacitación insuficiente, las posibilidades de sufrir una intrusión aumentan considerablemente.

Ante un incidente, la rapidez de la respuesta resulta decisiva. Kaspersky recomienda identificar el tipo de ataque, aislar de inmediato los sistemas comprometidos para evitar su propagación, deshabilitar accesos remotos, cambiar credenciales, restaurar la infraestructura afectada y notificar tanto a las autoridades competentes como a las personas cuyos datos pudieran haber quedado expuestos.

La prevención, sin embargo, sigue siendo la mejor defensa. Tanto Kaspersky como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España coinciden en la necesidad de adoptar medidas permanentes como realizar evaluaciones periódicas de riesgos, establecer planes de continuidad de operaciones, limitar los privilegios de acceso, mantener actualizados los sistemas, respaldar y cifrar la información crítica, así como fortalecer la capacitación del personal.

La experiencia demuestra que muchas vulnerabilidades no obedecen a la falta de tecnología, sino a la ausencia de controles, supervisión y una cultura de seguridad digital. Una sola omisión puede abrir la puerta a consecuencias que afectan la operación, las finanzas y la credibilidad de cualquier institución.

La transformación digital seguirá avanzando y, con ella, también evolucionarán las amenazas. Por ello, la ciberseguridad debe entenderse como un componente esencial de la gestión institucional y no como un gasto prescindible. Proteger la información, anticipar riesgos y preparar a las personas constituye hoy una responsabilidad permanente para quienes administran organizaciones públicas y privadas.

En un entorno digital donde la información es uno de los activos más valiosos, fortalecer la resiliencia digital significa asumir que ningún sistema es invulnerable, pero sí puede estar mejor preparado para enfrentar una amenaza antes de que una falla técnica se convierta en una crisis de confianza.