La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que funcionarios públicos, o personas que se presentan como tales, figuran entre quienes más presionan económicamente a empresas en el país, fenómeno que golpea principalmente a micro, pequeñas y medianas compañías.

Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que la extorsión alcanzó niveles alarmantes y sostuvo que, en ciertos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.

El dirigente expuso que este delito provoca pérdidas cercanas a 15 mil millones de pesos cada año, monto equivalente a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB). “Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, expresó al presentar el balance correspondiente al primer trimestre de 2026.

Las cifras difundidas por el organismo patronal indican que entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión, con un promedio diario de 32.4 casos. Aunque el número mostró una disminución de 3.73% frente al mismo lapso de 2025, Coparmex subrayó que el nivel permanece entre los más altos de los últimos 11 años.

La organización también señaló que 97% de los casos no llegan ante las autoridades o no concluyen en carpetas de investigación. Del total de incidentes reportados, 68% corresponde a llamadas telefónicas y 31.2% a otras modalidades, incluidos cobros de piso. Además, 37% de las empresas afiliadas que denunciaron extorsión identificó como responsables a autoridades o individuos que aparentaban ser funcionarios.

El posicionamiento de Coparmex surge mientras aumenta el descontento empresarial en Nuevo León por inspecciones y auditorías consideradas excesivas o irregulares.

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, encabezada por Jorge Santos Reyna, informó recientemente que tres de cada 10 empresas afiliadas reportaron inspecciones ilegales efectuadas por autoridades municipales, estatales y federales.

Según Caintra, dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud aplican revisiones similares sobre un mismo negocio, situación que incrementa la discrecionalidad y abre la puerta a clausuras o posibles actos de corrupción.

Ante este escenario, el organismo empresarial anunció el impulso de una Ley de Procedimientos Administrativos con el propósito de unificar criterios de inspección y reducir márgenes de interpretación entre autoridades y empresas.

Las inconformidades también se manifestaron durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio Monterrey, realizada el 20 y 21 de marzo de 2026.