“En el sector privado, si alguien calcula mal una obra, hay consecuencias: demandas, sanciones o pérdida del contrato. Pero en el sector público, no pasa absolutamente nada”, señaló.

El diputado local explicó que, mientras en una obra privada los incrementos rara vez superan el 10 o 15 por ciento, en proyectos públicos federales los sobrecostos son desproporcionados y constantes.

Como ejemplo, mencionó el caso del Tren México–Querétaro, cuyo costo inicial era de 200 mil millones de pesos y que hoy, con apenas un 9 por ciento de avance, ya asciende a 265 mil millones, lo que representa un incremento cercano al 20 por ciento; es decir, el equivalente al presupuesto anual para el estado de Querétaro.

"A esto se suman otros proyectos emblemáticos del gobierno federal, como el Tren Maya, que pasó de 120 mil a más de 500 mil millones de pesos y la refinería Olmeca, que de 160 mil millones proyectados, ya supera los 400 mil millones y que además, derrama petróleo"; añadió Ospital.

Finalmente,  el legislador por Movimiento Ciudadano cuestionó que no exista responsabilidad jurídica para funcionarios, contratistas o empresas involucradas en estos errores de cálculo: "es un problema sistémico, se equivocan por miles de millones de pesos y no pasa nada”; por lo que advirtió, que la falta de consecuencias fomenta el despilfarro de recursos públicos y dificulta la rendición de cuentas, especialmente cuando las obras están a cargo de instancias con información reservada, como la Sedena.