Las denuncias apuntan a que de las aproximadamente 16 mil novillonas entregadas cada año, una parte mayoritaria tendría origen en Centroamérica. Los ejemplares serían adquiridos a menor costo y posteriormente incorporados al programa como si fueran de origen mexicano.

Este esquema generaría diferencias económicas importantes. Fuentes consultadas estiman que el margen podría superar los 100 millones de pesos por ciclo, derivado de la diferencia entre el costo de adquisición y el valor reportado.

El caso también abre un frente en materia sanitaria. Especialistas advierten que el ingreso de ganado sin controles estrictos puede afectar la sanidad pecuaria, en un contexto en el que México enfrenta restricciones de exportación hacia el norte por brotes de gusano barrenador.

Otro punto señalado es el posible uso irregular de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SIINIGA), los cuales permiten rastrear el origen de los animales y podrían emplearse para registrar ganado extranjero como nacional.

En este contexto, se menciona la posible participación de figuras del ámbito político y ganadero, entre ellas Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario del gobierno estatal, y José Sabino Herrera Dagdug, senador de la República.

Fuentes cercanas al gobierno de Tabasco indicaron que el tema habría sido del conocimiento del mandatario Javier May Rodríguez, y que se analizan posibles cambios en el gabinete, incluida la eventual salida de Ligonio.

De manera paralela, el modelo habría sido expuesto a Marco Antonio Barba Arocha, secretario del Campo en Chiapas, con la intención de replicarlo; sin embargo, en esa entidad el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar mantiene supervisión sobre la operación de programas sociales y el control sanitario.