Denuncian presunto fraude millonario en Congesa; acusan desvío de recursos, venta irregular de activos y amenazas contra socios

Un grupo de socios de Corredor Nueva Generación (Congesa), empresa concesionaria de transporte público que opera en el Corredor Circuito Interior de la Ciudad de México, denunció un presunto esquema de fraude que, aseguran, durante años afectó a cerca de un centenar de accionistas, en su mayoría adultos mayores que invirtieron sus ahorros y patrimonio en la compañía.

Los inconformes señalaron directamente a José García Lagunas, quien se presenta como presidente del Consejo de Administración de la empresa, por una serie de decisiones que presuntamente provocaron pérdidas económicas, desaparición de utilidades y un deterioro financiero que hoy mantiene a numerosos socios sin ingresos y sin acceso a información clara sobre el manejo de los recursos de la concesionaria.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, los accionistas denunciaron que Congesa dejó de entregar ganancias a sus socios pese a que continúa con la operación de unidades en una de las rutas más importantes de la capital del país. Los denunciantes sostienen que la administración ocultó información financiera y realizó movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea de accionistas.

Entre las principales acusaciones figura la presunta venta irregular de autobuses propiedad de la empresa. Los socios afirman que la administración dispuso de diversas unidades sin consultar a los propietarios y sin transparentar el destino de los recursos obtenidos por dichas operaciones. A esta situación se suma el supuesto intento de comercializar un inmueble perteneciente a la compañía, hecho que incrementó el descontento entre los inversionistas.

Los afectados también denunciaron la operación de camiones sin los permisos correspondientes dentro del Corredor Circuito Interior, una de las vialidades estratégicas de la Ciudad de México que conecta puntos de alta afluencia como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Los accionistas consideran que estas prácticas podrían derivar en responsabilidades administrativas y legales para la empresa.

De acuerdo con El Financiero, aproximadamente 80 por ciento de los socios corresponde a personas adultas mayores que destinaron recursos obtenidos durante toda una vida laboral para adquirir acciones de la concesionaria. Muchos de ellos dependían de las utilidades como complemento para su sustento y hoy enfrentan dificultades económicas por la falta de pagos.

Los inconformes aseguran que durante años solicitaron auditorías, informes financieros y rendición de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias. También afirman que la administración mantuvo un control absoluto sobre la información corporativa y limitó la participación de los accionistas en las decisiones relevantes para el futuro de la empresa.

Asimismo, señalan que los socios afectados llevaron sus reclamos a distintas instancias sin encontrar una solución de fondo, situación que elevó el nivel de inconformidad entre quienes aseguran haber perdido gran parte de su patrimonio.

Ante la falta de solución, los socios anunciaron la posibilidad de realizar movilizaciones y bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el propósito de visibilizar el conflicto y presionar a las autoridades para que intervengan. Los manifestantes buscan que las autoridades revisen a fondo la situación financiera y administrativa de la empresa.

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