Aunque el mercado del gas LP en México es fundamental para millones de hogares, se mantiene bajo el control de un reducido grupo de empresas, que han enfrentado múltiples investigaciones y sanciones por prácticas colusorias sin que su poder en el sector haya disminuido.
Siete grandes grupos empresariales, entre ellos Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto, continúan dominando la distribución y fijación de precios del gas LP, generando distorsiones en la competencia y afectando a los consumidores.
De acuerdo con un reportaje de EL CEO, Investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), realizadas entre 2017 y 2022, habrían revelado que estas empresas se asociaron para manipular los precios y dividir las zonas de distribución, lo que causó un perjuicio económico estimado en 12,566 millones de pesos a los consumidores en la Zona Metropolitana del Valle de México. A pesar de las sanciones, los mismos actores siguen siendo actores clave en el mercado.
Uno de los aspectos más polémicos es el hecho de que estas empresas, algunas de las cuales fueron sancionadas por prácticas anticompetitivas, siguen obteniendo contratos con el gobierno. Un ejemplo claro es la licitación en abril de 2025, en la que G.G. Gas, una empresa del Grupo Global Gas, ganó un contrato de 109.2 millones de pesos para el suministro de gas LP al ISSSTE.
Además, se han registrado múltiples adjudicaciones directas a empresas de este grupo y otras involucradas en la colusión, con montos que van desde 173,000 pesos hasta 2 millones de pesos.
La tragedia ocurrida en Iztapalapa en septiembre de 2025, cuando una pipa de gas LP de Tomza explotó, causando 32 muertes, puso de manifiesto las graves deficiencias en la regulación del sector. Este accidente forzó a las autoridades a implementar nuevas medidas para regular el transporte de hidrocarburos, pero las dudas sobre su efectividad persisten, dado que no se ha logrado una reforma estructural profunda en el sector.
Además de los problemas de seguridad, el gobierno mexicano está emprendiendo una reestructuración de las instituciones reguladoras. La Cofece y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que históricamente supervisaron y sancionaron el sector del gas LP, están siendo absorbidas por el Ejecutivo federal. Este cambio ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad en la supervisión futura, ya que la autonomía de estos organismos desaparece.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad y la regulación, el mercado del gas LP sigue bajo el control de un grupo reducido de empresas, lo que limita la competencia y deja a los consumidores con pocas opciones y precios elevados. Mientras tanto, las autoridades y los ciudadanos continúan esperando soluciones eficaces a un problema que ha afectado tanto a la economía como a la seguridad pública en el país.
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