La aprobación de las reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, marcan el fin de una era para el sector corporativo en México. Ahora, el agua deja de ser tratada legalmente como una mercancía susceptible de especulación para consolidarse, sin ambigüedades, como un derecho humano bajo estricta rectoría del Estado. Entre los equipos jurídicos y líderes de empresas, esto implica que la gestión del agua deja de ser un trámite administrativo, para convertirse en un riesgo crítico para la continuidad de negocio ya que ahora, es una responsabilidad penal. 

Esta implementación advierte frenar las operaciones y provocar pérdidas en negocios de aquellas empresas que atiendan de manera tardía o incompleta la legislación. Según la CONAGUA, los sectores con gran porcentaje en el uso operativo de agua y por lo tanto con mayor preocupación son el agropecuario, con 76%; 14.8%, el abastecimiento público; 4.1%, al sector energético; y 4.8%, al autoabastecimiento.  

Omar Aguilar, Socio de la firma de abogados Pérez Correa González, comparte un resumen de los principales cambios a la reforma y señala aquellos cambios drásticos de atención para equipos jurídicos y lideres de empresas.  

Compartir concesiones 

El experto afirma que el cambio más drástico obstaculiza las estrategias de fusión y adquisición alrededor del agua entre empresas. Esto implica que sin importar que sean filiales, subsidiarias o inquilinos de un parque industrial, cada empresa deberá contar con su propia concesión.  

De Multas a riesgo penal 

Anteriormente, incumplir con algún apartado de la concesión representaba: incumplimiento administrativo. Ahora esta omisión es una contingencia penal grave que se perseguirá de oficio con 3 meses o hasta 14 años de prisión.  

“Este es un punto de inflexión para administradores, directivos, responsables técnicos y legales para regularizar sus concesiones. Desde asegurar que no tengan títulos vencidos, hasta el correcto uso de volúmenes autorizados. Además, es importante comprender que la reforma prohíbe también el traslado de agua de un lugar a otro, su abastecimiento a otra empresa o su redistribución dentro de un parque industrial sin títulos individualizados ¿?” detalló Omar Aguilar. 

Registro y seguimiento digital  

Finalmente, el experto afirma que todo el seguimiento de estas concesiones será publicado en un Registro Público del Agua, una base oficial que también atiende los derechos históricos y legítimos de cada permiso, incluyendo aquellos de comunidades indígenas y afroamericanas. 

Recomendación legal para empresas 

Omar Aguilar recomienda que, ante el escenario de escrutinio operativo y riesgo penal, las empresas implementen inmediatamente diversos programas/acciones, ya que la inacción es un error que puede resultar muy costoso.  

“Es indispensable actuar de manera inmediata a través de auditorías integrales de vigencia y trazabilidad del uso del agua, sin importar los plazos legales ordinarios. Así mismo, como herramienta de blindaje regulatorio, es importante defender la titularidad y el volumen concesionado frente a eventuales intentos de reducción por parte de la autoridad bajo criterios de concentración excesiva del recurso”.