Este miércoles, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) instruyó la suspensión inmediata de las labores de inspección, verificación y certificación en huertas y empacadoras de aguacate en Michoacán. La decisión responde a la escalada de extorsiones, intimidaciones y hechos de violencia atribuidos al crimen organizado en las zonas productoras, lo que representa una amenaza directa para la integridad física del personal técnico de dicho organismo.

Sin la certificación de la agencia estadounidense, ningún embarque de aguacate destinado a ese mercado puede cruzar la frontera. Es así que la interrupción de este proceso afecta de manera inmediata a los productores michoacanos, frena temporalmente uno de los principales motores económicos del estado y obliga a almacenar o posponer la comercialización de una parte importante de la cosecha.

La alta dependencia de este mercado evidencia la vulnerabilidad de la economía regional frente a decisiones de carácter binacional: el 88 % del aguacate que importa EE.UU. desde México proviene de huertas michoacanas. De acuerdo a Luis Javier de la Rocha Zazueta, director general de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), durante 2025 se exportaron a ese país un millón 200 mil toneladas del fruto, con un valor superior a los 63 mil millones de pesos, actividad que sostiene más de 200 mil empleos directos y decenas de miles de indirectos.

Por ello, la interrupción de este flujo comercial no solo representa un golpe para uno de los productos agroalimentarios más importantes de México, sino que también envía señales de incertidumbre hacia un sector estratégico para la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Este nuevo veto confirma la recurrencia de una crisis no resuelta. Se trata de la tercera ocasión en que las autoridades estadounidenses aplican esta medida en el estado: la primera ocurrió en 2022 tras las amenazas a un inspector; la segunda se registró en 2024, cuando dos agentes fueron retenidos y agredidos en un punto de bloqueo, situación que derivó en una suspensión por más de una semana de las exportaciones y pérdidas millonarias para la cadena productiva, de acuerdo con estimaciones del centro de investigación RaboResearch Food & Agribusiness.

Más allá de las causas inmediatas, este nuevo episodio reabre el debate sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para proteger una de las actividades económicas más relevantes del estado. Los hechos recientes muestran que persisten desafíos importantes para contener la extorsión, el cobro de piso y las agresiones que afectan a productores, empacadores y personal encargado de la certificación internacional.

La continuidad de estos problemas no solo reduce la competitividad del sector agrícola, sino que también genera incertidumbre entre productores e inversionistas y debilita la confianza en las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del comercio internacional, particularmente en un contexto en el que la estabilidad institucional resulta clave para el fortalecimiento de la relación comercial entre México y Estados Unidos, justo en el marco de las revisiones del T-MEC.

Ante esta crisis, el Gobierno Federal ha tenido que asumir nuevamente el control de daños de una administración local rebasada. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acuerdos con los productores para coordinar un plan de seguridad en las zonas agrícolas, comprometiéndose a mantener el diálogo con el gobierno estadounidense y trabajar en la pronta reanudación de las certificaciones y del flujo comercial. Además de desplegar de forma inmediata a cerca de mil 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la región.

Sin embargo, el fortalecimiento de la presencia de las fuerzas de seguridad difícilmente será suficiente si no se acompaña de una estrategia integral de inteligencia e investigación que permita desarticular las redes financieras y de extorsión que operan alrededor de esta actividad productiva.

Al mismo tiempo, esta coyuntura vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de impulsar una política de diversificación comercial que reduzca la dependencia de un solo mercado de exportación y fortalezca la presencia del aguacate mexicano en otras regiones del mundo. De igual forma, resulta indispensable diseñar mecanismos de apoyo que permitan proteger a los pequeños productores y a los trabajadores del campo frente a contingencias que escapan a su control.

Más allá de la suspensión temporal de las certificaciones, este episodio constituye un recordatorio de que la seguridad pública también es un factor determinante para la competitividad económica. Mientras el Estado no garantice condiciones de legalidad, certidumbre y protección para quienes participan en la cadena productiva, uno de los sectores más exitosos del campo mexicano seguirá expuesto a riesgos que trascienden lo local y terminan afectando la economía nacional.

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