EMA llama a empresas de Nuevo León a mejorar prácticas ambientales para tener entornos saludables y sostenibles

Representantes de organismos reguladores y del sector productivo participaron en la Jornada de normas y acreditación, convocada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de promover el cumplimiento de la normatividad ambiental federal entre las industrias de Nuevo León.

El objetivo es reducir los impactos que sus actividades pueden causar en el medio ambiente, en los ecosistemas y en la salud pública.

Durante la actividad, que tuvo lugar este 7 de mayo en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se subrayó la relevancia de que las empresas operen bajo estándares técnicos y ambientales reconocidos, respaldados por auditorías acreditadas, a fin de garantizar la confiabilidad y validez de sus evaluaciones.

“El cumplimiento de normas técnicas, ambientales, sanitarias y de calidad no solo es una obligación legal, sino una poderosa herramienta para mejorar procesos, elevar estándares y acceder a nuevos mercados”, declaró Maribel López, directora general de la EMA, ante empresarios y representantes de clústers industriales.

En su intervención, Maribel López señaló que el deterioro de los ecosistemas y el cambio climático han alcanzado niveles que requieren una acción inmediata por parte del sector privado. “Es fundamental que empresarios, industriales y profesionales de sectores regulados asuman que estamos en un momento crítico en el que es esencial demostrar nuestro compromiso con México”, apuntó.

Nuevo León, uno de los polos industriales más importantes del país, concentra sectores como el automotriz, el de electrodomésticos, el agroalimentario y el de tecnologías de la información. Aunque su industria manufacturera representa más de una cuarta parte del PIB estatal, las autoridades reconocen que enfrenta retos importantes en términos de emisiones y residuos.

Durante la jornada se abordaron mecanismos para que las empresas identifiquen la normatividad aplicable a sus procesos productivos y se destacó la importancia de las certificaciones otorgadas por entidades acreditadas, como vía para garantizar la calidad y prevenir sanciones.

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