En Nuevo León no es un secreto que, desde la implementación del llamado “Impuesto Verde”, el clima entre el gobierno estatal y el sector empresarial se ha tensado. Lo que comenzó como una medida ambiental para gravar emisiones y actividades extractivas, terminó por abrir un frente de conflicto con diversas compañías que hoy denuncian un patrón preocupante de presión institucional.

El caso más emblemático es el de Matrimar, una empresa extractora de piedra caliza, en el municipio de Cerralvo, que ha acusado directamente al gobierno encabezado por Samuel García de presuntos actos de extorsión. La compañía ha enfrentado clausuras reiteradas —incluso después de obtener amparos— y ha señalado irregularidades, particularmente desde la Secretaría de Medio Ambiente que encabeza Raúl Lozano Caballero. El conflicto escaló a tal nivel que el propio Congreso local solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, para investigar el caso.

Pero lo que parecía un caso aislado comienza a perfilarse como síntoma de algo mayor. En días recientes, la Cámara Nacional de Comercio en Monterrey, encabezada por Jaime Herrera Casso, durante la 142 Asamblea General Ordinaria y la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027, quien se sumó a lo dicho por la Coparmex en semanas anteriores para denunciar ante el Estado un aumento de abusos y trabas de funcionarios para extorsionar comercios.

El dato no es menor. Por primera vez, el propio sector empresarial reconoce que es el propio gobierno quien les cobra una especie de derecho de piso, disfrazado de auditorías ambientales, en un estado que históricamente se había distinguido por su estabilidad para hacer negocios. 

El riesgo es evidente. Nuevo León no es cualquier entidad. Es la tercera economía del país, aporta más del 8 por ciento del PIB nacional y concentra cientos de grupos industriales y exportaciones por decenas de miles de millones de dólares. La confianza empresarial no es un accesorio, es el motor mismo de su crecimiento. Cuando esa confianza se erosiona, el impacto no tarda en trasladarse a la inversión, el empleo y la competitividad.

Si las denuncias de presión institucional y el avance de la extorsión —sea desde el crimen o desde el poder— comienzan a normalizarse, el mensaje hacia los inversionistas es devastador. Nuevo León podría pasar, en cuestión de años, de ser ejemplo de dinamismo económico a caso de estudio sobre cómo la incertidumbre regulatoria y la desconfianza institucional pueden frenar incluso a las economías más robustas. Y ese, quizá, es el verdadero costo oculto del llamado Impuesto Verde.