La Comisión Federal de Competencia (Cofece) —entonces en funciones— documentó en el expediente DE-011-2016 una serie de licitaciones simuladas entre 2008 y 2015 en las que 11 empresas coordinaron posturas para repartirse adjudicaciones públicas, en lugar de competir. Se trató de contratos relacionados con laboratorios clínicos y bancos de sangre, donde se detectaron sobreprecios de hasta 58 por ciento y afectaciones al erario por más de mil 200 millones de pesos.

Entre las empresas involucradas, Instrumentos y Equipos Falcón fue sancionada en 2022 con inhabilitación por la entonces Secretaría de la Función Pública, aunque en lo que va de 2025 ya ha ganado 25 contratos por 837 millones de pesos. Cuatro de ellos superan los 100 millones, entre los que destacan uno por 181 millones para análisis clínicos en unidades médicas del ISSSTE. Algunos de estos contratos concluyen hasta diciembre de este año.

Por su parte, Arquina S.A. de C.V. ha recibido un contrato por 2.3 millones de pesos este año, aunque también tiene antecedentes de desempeño cuestionado. En 2022, su empresa relacionada Disequi S.A. de C.V. fue señalada en Veracruz por usar refrigeradores de carnicería para conservar muestras de sangre, según recuerda Reporte Índigo.

En conjunto, ambas empresas han ofertado servicios de laboratorio, transfusión, bancos de sangre, análisis clínicos y refacciones para equipos médicos en múltiples entidades. Además, han sido proveedoras del gobierno de Hidalgo tanto en la administración de Omar Fayad Meneses (2016–2022), como en la de Julio Menchaca Salazar, actual mandatario.

El esquema operativo de este grupo empresarial, según la Cofece, consistía en que una empresa definía el precio ganador y las demás se presentaban con propuestas que no competían. El patrón fue documentado a lo largo de siete licitaciones entre 2008 y 2015, y afectó recursos públicos destinados a servicios esenciales de salud.

Aunque la Cofece fue extinguida como órgano autónomo, su investigación sigue siendo una de las más relevantes en torno al uso de recursos para servicios clínicos en México. Los hallazgos de prácticas monopólicas absolutas continúan vigentes frente a la reactivación de contratos millonarios en 2025 por parte de empresas con antecedentes de coordinación indebida.