El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó el proyecto de resolución SUP-JIN-256/2025, que reafirma la validez de la elección de magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial Federal, encargado de sancionar a jueces federales por faltas éticas o legales. 

La elección, celebrada en junio de 2025, seleccionó a cinco nuevos magistrados en un proceso que, tras un riguroso análisis, el Tribunal Electoral considera legal y transparente, a pesar de las acusaciones de irregularidades presentadas.

La controversia surge por una queja de Verónica Patricia Gómez Schulz, candidata no electa, quien señaló supuestas anomalías que habrían comprometido la legitimidad del proceso. 

Gómez denunció la distribución masiva de "acordeones", guías impresas con listas de candidatos que, según ella, funcionarios públicos y el partido Morena repartieron para influir en los votantes. 

Estas guías, afirmó, coaccionaron el voto al orientar explícitamente sobre por quién votar, afectando la libertad y equidad electoral. Además, acusó el uso indebido de recursos públicos y la promoción de 394 candidatos, incluidos los ganadores, a través de anuncios pagados en redes sociales.

La candidata también cuestionó la falta de reglas claras, supuestos errores en el conteo de votos y la exclusión de sectores como presos y mexicanos en el extranjero, lo que, según ella, vulneró principios democráticos esenciales. 

Estas acusaciones generaron un debate intenso sobre la transparencia de la elección, poniendo en el centro la necesidad de garantizar un proceso justo para un organismo tan crucial como el Tribunal de Disciplina Judicial Federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la elección, validó los resultados el 15 de junio de 2025 y otorgó constancias a los candidatos ganadores.

Ante la queja, el Tribunal Electoral, liderado por el análisis de Felipe de la Mata, examinó minuciosamente las pruebas presentadas por Gómez, que incluyeron fotografías, videos y reportes periodísticos sobre los supuestos acordeones. 

Tras una evaluación exhaustiva, el proyecto concluye que estas pruebas no logran demostrar quién elaboró o distribuyó los materiales, ni que estos hayan tenido un impacto determinante en el resultado electoral.