Los señalamientos derivan de auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) al ejercicio fiscal 2022 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. Entre los hallazgos aparecen pagos por trabajos que no habrían sido ejecutados conforme a los contratos y modificaciones a los montos de distintas obras mediante convenios adicionales.

De acuerdo con los informes citados por el medio, la dependencia habría autorizado y pagado estimaciones que incluían cantidades de obra que no correspondían con los trabajos ejecutados conforme a los alcances y especificaciones contratados, dentro del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022).

El OSFEM señaló que esta situación habría impedido atender a la totalidad de la población prevista como beneficiaria de los proyectos.

Las auditorías también identificaron convenios adicionales con contratistas que elevaron los montos establecidos en los contratos originales. El órgano fiscalizador cuestionó la existencia de elementos suficientes para acreditar la procedencia de esas modificaciones conforme a la normativa estatal.

En 2022, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra tuvo un presupuesto aprobado de 2 mil 961 millones de pesos. Tras modificaciones internas y externas entre capítulos de gasto, el presupuesto modificado llegó a 6 mil 872 millones de pesos. Al cierre del ejercicio, la dependencia reportó un gasto de 2 mil 8 millones de pesos.

Los resultados de las revisiones derivaron en una denuncia penal presentada por el OSFEM ante la fiscalía mexiquense. El organismo confirmó la existencia del procedimiento mediante una respuesta a una solicitud de transparencia.

La investigación quedó registrada bajo la carpeta NUC TOL/CCF/SP0/107/196276/24/07 y permanece en etapa de investigación inicial.

Hasta ahora, no se conocen los delitos denunciados, el monto del posible daño patrimonial, la fecha en que se presentó la denuncia ni la instancia específica donde se habrían registrado las irregularidades.

El OSFEM determinó reservar esa información durante cinco años. El Comité de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de México consideró que la difusión de esos datos podría revelar actuaciones, indicios, pruebas o líneas de investigación y afectar las diligencias a cargo del Ministerio Público.