El Órgano Interno de Control (OIC) del municipio de León, Guanajuato, debe abrir investigaciones por posibles actos de corrupción atribuidos a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y al director de Comunicación Social, Enrique Avilés, así lo informó la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez.

La solicitud surge luego de publicaciones de medios nacionales que documentaron contratos por al menos 3.5 millones de pesos a favor del arquitecto responsable del diseño y construcción de la residencia de la presidenta municipal, inmueble valuado en 15 millones de pesos.

De acuerdo con esos reportes, el caso podría involucrar un posible conflicto de interés, lo que motivó el llamado de la presidenta del SNA para que el órgano municipal revise el otorgamiento de los contratos y su relación con la obra privada de la alcaldesa.

Pérez señaló similitudes con otros episodios previamente revisados en el ámbito federal. “Eso es lo que vimos con Peña Nieto” en el tema de la Casa Blanca, expresó al señalar que el OIC cuenta con facultades para analizar las circunstancias del caso en León.

En paralelo, la presidenta del SNA también pidió indagar la situación del director de Comunicación Social, Enrique Avilés, quien omitió acciones en dos empresas dentro de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, pese a que una de ellas ha sido contratista del municipio.

Según Pérez, estas omisiones podrían constituir faltas administrativas graves relacionadas con el manejo de información patrimonial. “Cuando una persona es servidora pública debe de declarar cualquier actividad extra (…) al no declararlos o al eliminarlos, podría estar incurriendo en una manipulación de su declaración o incluso en falsedad de información”, dijo.

Medios nacionales difundieron además que, antes de ocupar su cargo en el gobierno municipal, Avilés fue director general de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, desde donde firmó un contrato en representación de su empresa SM3 Comunicación con el propio municipio de León.

El contrato, por 2.1 millones de pesos, contempló el diseño de una estrategia de comunicación y posicionamiento de la ciudad como destino turístico, antecedente que para Pérez requiere revisión por un eventual conflicto de interés.

La presidenta del SNA afirmó que los antecedentes del director de Comunicación Social ameritan una revisión por parte del OIC, al tratarse de posibles situaciones de conflicto de interés y del cumplimiento de las obligaciones que impone el servicio público. Señaló que corresponde al órgano municipal determinar si en ambos casos existieron faltas administrativas.