La decisión de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa y separarse nuevamente del cargo poco más de un día después, dejó algo más que una crisis política local. Colocó sobre la mesa una pregunta incómoda para el Gobierno de la República: ¿hasta dónde puede llegar la autonomía de un gobernador cuando su permanencia en el cargo tiene implicaciones para la relación con Estados Unidos (EE. UU.), la seguridad y la credibilidad de las instituciones de México?

El caso ocurre en un momento de creciente tensión en la relación entre nuestro país y el vecino del norte. En las últimas semanas, el debate político mexicano, impulsado por el oficialismo, ha convertido en asuntos de Estado decisiones tomadas por autoridades norteamericanas, incluso cuando se trata de medidas dirigidas a personas concretas.

Un ejemplo fue la cancelación de la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asunto que generó una fuerte reacción dentro de Morena y que algunos sectores del partido presentaron como un agravio a la soberanía nacional.

Más allá de las diferencias entre ambos casos, hay un elemento común: la dificultad del oficialismo para administrar políticamente asuntos que tienen una dimensión directa en la relación bilateral. Pero el episodio de mayor impacto institucional ocurrió en Sinaloa.

Después de varios meses de licencia, Rocha Moya decidió regresar a la gubernatura en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado. El mandatario rechazó esas acusaciones y sostuvo que las investigaciones realizadas en México no han encontrado elementos que acrediten su participación en un delito.

Al volver al cargo, Rocha Moya retomó sus actividades de gobierno, encabezó la mesa de seguridad, reinstaló a la secretaria de Gobierno y se reunió con integrantes de su gabinete y magistrados; recibiendo el respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de Morena en el Congreso local, Eligio López Portillo.

Ese regreso fue mucho más que el ejercicio de una facultad legal, fue una decisión que desafió a las instituciones del Estado y a la sociedad sinaloense que lleva años padeciendo los efectos de la violencia. Desde el Gobierno Federal, de las bancadas morenistas en el Congreso de la Unión, de las gubernaturas estatales y de la dirigencia de Morena se marcó distancia dejando claro que se trataba de una determinación personal.

Sumado a ello, la presión aumentó en esa entidad y en el país, donde ciudadanos, organizaciones civiles, sectores empresariales y distintos actores políticos cuestionaron su regreso. Poco más de un día después, Rocha Moya volvió a solicitar licencia y lo hizo con el argumento de que “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.

El desenlace fue rápido pero sus consecuencias políticas no desaparecen, ya que esta situación dejó expuesta una tensión que seguirá presente: la diferencia entre lo que puede hacer legalmente un gobernador y lo que resulta políticamente sostenible para un gobierno. Además, dejó otra interrogante, si el Gobierno Federal mantiene su afirmación de que no existen elementos para responsabilizar penalmente a Rocha Moya, tendrá que explicar con claridad qué investigaciones siguen abiertas y qué se ha acreditado hasta ahora.

Mientras eso ocurre, la incertidumbre tiene un costo político: Sinaloa necesita autoridad, seguridad y confianza en sus instituciones, por su parte el Gobierno Federal necesita mostrar que el combate a la impunidad no depende de quién esté involucrado ni de su posición política, además de mantener una relación de cooperación con EE. UU. sin convertir cada señalamiento en una disputa política.