Independencia e imparcialidad judicial, fundamentales para una justicia verdadera: ministro Giovanni Figueroa

En el marco de la agenda académica e interinstitucional que desarrollan conjuntamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (IBERO) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se llevó a cabo la séptima sesión del Seminario Interinstitucional “La Justicia Constitucional de México Frente a los Desafíos de la Transformación del País”, con el tema “Reforma Judicial, Justicia Constitucional y Acceso Efectivo a la Justicia”.

Durante el encuentro se presentaron diversas ponencias en las que se abordaron los alcances de la reforma judicial de 2024, el papel de los tribunales constitucionales y los desafíos que enfrenta el Poder Judicial para garantizar una justicia independiente, accesible y cercana a la ciudadanía.

En su intervención, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía explicó la evolución del modelo constitucional mexicano y destacó tres reformas que contribuyeron a consolidar las funciones de la SCJN: la reforma del 31 de diciembre de 1994, que amplió el alcance de las controversias constitucionales; la reforma de junio de 2011, en materia de derechos humanos, que fortaleció la interpretación favorable a la protección de las personas y el control de convencionalidad; y la reforma de marzo de 2021, que estableció la obligatoriedad de determinados precedentes de la Suprema Corte para los tribunales del país.

Asimismo, señaló que la función de un tribunal constitucional no se limita a interpretar las disposiciones de la Constitución, pues también debe establecer límites al ejercicio del poder público y reconocer nuevos derechos. 

En ese sentido, retomó las ideas de Montesquieu sobre la necesidad de que el poder frene al poder y destacó que la independencia e imparcialidad judicial constituyen condiciones indispensables para garantizar que la justicia responda a los intereses de la sociedad y no a intereses ajenos al orden jurídico.

Al referirse a la reforma judicial de 2024, explicó que esta debe comprenderse a partir del contexto en el que surgió, caracterizado por la distancia entre los tribunales y la ciudadanía, el rezago judicial, la falta de rendición de cuentas y el nepotismo.

No obstante, precisó, aunque la reforma modificó los mecanismos de acceso a los cargos judiciales y la organización de la Suprema Corte, sus funciones constitucionales permanecen: actuar como contrapeso de los poderes públicos e intérprete de la Constitución. 

Finalmente, destacó la importancia de fortalecer la legitimidad del ejercicio mediante resoluciones sólidamente argumentadas, comprensibles y accesibles para la ciudadanía, pues una sentencia debe permitir que las personas conozcan las razones de la decisión y comprendan sus alcances.

Por su parte, Alejandro Guerrero Monroy, académico de la Universidad Anáhuac, centró su exposición en el acceso efectivo a la justicia como uno de los pilares de la estabilidad democrática. 

Desde la perspectiva de la ciencia política, explicó que los tribunales no son solamente espacios en los que se resuelven controversias, sino también escenarios en los que se manifiesta el ejercicio del poder y se determina el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a la ciudadanía.

En este sentido, destacó que la justicia únicamente puede considerarse legítima cuando protege a las personas frente a la arbitrariedad del poder y garantiza condiciones reales para ejercer sus derechos. 

Para ello, dijo, resulta indispensable eliminar las barreras económicas, geográficas y lingüísticas que dificultan el acceso a los órganos jurisdiccionales. Como ejemplo, hizo referencia a las experiencias de otros países, particularmente Canadá, en el desarrollo de programas de justicia que reconocen la pluralidad lingüística.

Otro de los aspectos abordados fue la incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales. 
Al respecto, señaló que estas herramientas pueden contribuir a facilitar la comprensión del lenguaje jurídico y orientar a las personas en la realización de trámites; sin embargo, también representan desafíos relacionados con la protección de datos personales y la brecha digital. 

A su vez, Carlos Fernando Matute González, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, propuso analizar la reforma judicial de 2024 desde tres dimensiones: la reforma constitucional, la justicia constitucional y el acceso a la justicia. 

Señaló que los cambios institucionales deben comprenderse a partir de su contexto histórico y de las transformaciones que experimenta el constitucionalismo, destacando que la Carta Magna no constituye un ordenamiento estático, sino un instrumento cuya interpretación debe atender a las condiciones sociales y políticas de cada momento.

Resaltó que la independencia judicial representa un elemento fundamental para garantizar la vigencia de la Constitución y establecer límites racionales al ejercicio del poder público. 

Explicó que el Poder Judicial no debe entenderse como una estructura aislada, sino como parte de un entramado institucional complejo, en el que la impartición de justicia también debe manifestarse en la vida cotidiana de las personas y no exclusivamente a través de los tribunales formales.

Respecto de la reforma judicial, consideró que el desempeño del Pleno de la Suprema Corte deberá valorarse, particularmente, a partir de la calidad de sus sentencias y de su capacidad para resolver los conflictos con imparcialidad.

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