Al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2026, el Alto Tribunal informó que ese mecanismo de recaudación vulneraba el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al promover dicho mecanismo de control constitucional, el Poder Ejecutivo Federal argumentó dicho gravamen sobre el pago de determinados impuestos, derechos y productos municipales, generaban una carga tributaria adicional que no atendía a la verdadera capacidad económica de las personas contribuyentes.

En ese sentido, la SCJN dijo en un comunicado que se determinó que el impuesto era inconstitucional porque su cobro se generaba por el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, lo cual no constituye, por sí mismo, una manifestación de riqueza que justifique una contribución adicional.

 

Agregó que, aunque el financiamiento de la educación superior constituye una finalidad constitucionalmente relevante, los mecanismos establecidos para obtener recursos públicos deben respetar los principios que rigen el sistema tributario.