El proyecto propone confirmar que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no contaba con facultades para revisar recursos federales ejercidos por el municipio, una postura que el gobierno de Abelina López Rodríguez ha sostenido desde el inicio del litigio. De aprobarse, la resolución fortalecería la interpretación sobre la distribución de competencias entre los órganos de fiscalización estatales y federales.

El alcance del asunto rebasa el caso de Acapulco. La discusión coloca en el centro un principio constitucional: las autoridades solo pueden ejercer las atribuciones que la ley les confiere. Bajo esa lógica, la Corte definiría hasta dónde pueden actuar las auditorías locales cuando se trata de recursos provenientes de la Federación.

El criterio también reforzaría el papel de la Auditoría Superior de la Federación como la instancia competente para revisar el uso de recursos federales, al tiempo que establecería límites para la actuación de los órganos estatales de fiscalización en esta materia.

La resolución podría convertirse en un referente para futuros litigios entre municipios y autoridades fiscalizadoras, al ofrecer mayor claridad sobre el alcance de las facultades de cada orden de gobierno. En ese escenario, el caso impulsado por el Ayuntamiento de Acapulco dejaría de tener únicamente efectos locales para adquirir relevancia nacional en la interpretación del régimen de fiscalización previsto en la Constitución.