Lo que durante años pareció un problema exclusivo de bancos, grandes corporaciones o dependencias gubernamentales de México y América Latina, hoy también golpea a las estructuras que administran el dinero de algunas de las familias más ricas del mundo y de la región. Los family offices, encargados de gestionar patrimonios, propiedades, inversiones, fideicomisos, fundaciones y hasta aspectos logísticos de la vida privada de sus clientes, se han convertido en objetivos cada vez más atractivos para los ciberdelincuentes. La razón es tan simple como inquietante: concentran enormes cantidades de dinero e información altamente sensible, pero muchas veces operan con equipos pequeños, controles flexibles y defensas tecnológicas más débiles de lo que se supondría.

La advertencia fue planteada por Hanspeter Misteli, Asociado en Impuestos y Gestión Patrimonial de Baker McKenzie Zurich, y Jacopo Crivellaro, Abogado consultor en Impuestos y Gestión Patrimonial de Baker McKenzie Dubai, quienes explican que estas oficinas privadas enfrentan una exposición creciente frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas. A diferencia de las grandes instituciones financieras, que cuentan con departamentos robustos de tecnología, monitoreo permanente y protocolos estrictos, muchos family offices funcionan con estructuras más ligeras y menos formalizadas, a pesar de que en numerosos casos administran activos que superan cientos de millones de dólares.

El riesgo se amplifica cuando estos patrimonios están repartidos en distintas jurisdicciones y dependen de una red internacional de cuentas bancarias, residencias, asesores, empleados, rutinas de viaje y servicios personales. Esa dispersión incrementa la huella digital y multiplica los puntos vulnerables. En otras palabras, no se trata sólo de proteger una oficina o una cuenta de correo, sino un ecosistema entero de información, movimientos financieros y decisiones confidenciales que, en manos equivocadas, pueden traducirse en pérdidas millonarias, daño reputacional e incluso amenazas a la seguridad personal.

Entre los factores que vuelven especialmente frágiles a estas estructuras está la naturaleza misma de su operación diaria. El personal suele gestionar desde gastos cotidianos, viajes en clase ejecutiva, vacaciones o servicios de conserjería, hasta inversiones complejas, compra de bienes raíces y adquisición de activos de lujo. Cuando además existen vehículos sofisticados de planeación patrimonial, como sociedades de propósito específico, fideicomisos o fundaciones, el margen de exposición crece todavía más. Pocas personas terminan concentrando acceso a decisiones relevantes, flujos de dinero elevados e información extremadamente delicada, una combinación que resulta sumamente atractiva para cualquier atacante.

A ello se suma un problema silencioso, pero decisivo: la confianza. En muchos family offices, la cercanía entre los propietarios del patrimonio, sus asesores y el personal genera dinámicas de trabajo más informales que en una entidad regulada. Las instrucciones de pago pueden llegar mediante llamadas personales, mensajes de texto o correos no estructurados; la segregación de datos puede ser menos rigurosa; y varios empleados pueden tener acceso amplio a información confidencial. Ese ambiente, que en apariencia facilita la operación cotidiana, también abre la puerta a fraudes, engaños y ataques de ingeniería social cuidadosamente planeados, incluyendo esquemas de suplantación de identidad y el uso de deepfakes.

Las amenazas más frecuentes van desde la extorsión y el ransomware, que secuestra sistemas y archivos para exigir pagos, hasta el fraude financiero, el ciberespionaje y los riesgos de seguridad física vinculados con la tecnología. Un atacante puede aprovechar redes Wi-Fi mal configuradas, dispositivos móviles sin protección suficiente, sistemas de almacenamiento en la nube con ajustes débiles o publicaciones en redes sociales que revelan viajes, actividades o relaciones familiares. El problema deja de ser exclusivamente digital cuando hogares inteligentes, jets privados, superyates y otros activos conectados también pueden convertirse en puertas de entrada para obtener ubicaciones, rutinas o datos sensibles.

El componente humano sigue siendo uno de los puntos más delicados. Un error, una distracción o una mala práctica interna pueden ser suficientes para abrir la puerta a un incidente grave. Por eso, Misteli y Crivellaro sostienen que la respuesta no puede limitarse a comprar tecnología o instalar antivirus. La protección real exige políticas estrictas de contraseñas, autenticación multifactor, división de responsabilidades en pagos, capacitación constante, respaldos sólidos, herramientas de encriptación y planes claros de respuesta ante incidentes. En su diagnóstico, la ciberseguridad ya no debe verse como un asunto técnico aislado, sino como un desafío integral de gestión de riesgos, con implicaciones en gobierno corporativo, regulación, fiscalidad e incluso en el ámbito penal cuando se presentan extorsiones o pagos bajo presión.

El mensaje de fondo es claro: ni el dinero, ni la discreción, ni el bajo perfil garantizan protección en un entorno cada vez más conectado y agresivo. Para Hanspeter Misteli, Asociado en Impuestos y Gestión Patrimonial de Baker McKenzie Zurich, y Jacopo Crivellaro, Abogado consultor en Impuestos y Gestión Patrimonial de Baker McKenzie Dubai, la preparación debe comenzar mucho antes de que ocurra un ataque y continuar después, con asesoría especializada y decisiones bien estructuradas. En un mundo donde la vida privada, el patrimonio y la tecnología están cada vez más entrelazados, blindar a un family office ya no es una medida opcional: es una necesidad urgente.