En abril de 2025, a raíz de los escándalos por el uso de helicópteros, aviones privados y viajes en primera clase por parte de legisladores y servidores públicos morenistas, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una serie de principios éticos y políticos para erradicar conductas contrarias a los estatutos del partido. Fue el 4 de mayo de ese año cuando el Consejo Nacional de Morena, del cual forma parte la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, los aprobó por unanimidad.

En aquella ocasión, la entonces dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, enfatizó que la austeridad republicana no constituía una sugerencia retórica, sino un imperativo ético que prohibía la renta de aeronaves privadas, la utilización de transporte de lujo, el turismo político y cualquier manifestación de ostentación.

Sin embargo, la realidad operativa del gobierno quintanarroense dista de manera radical del compromiso asumido. Una investigación realizada por el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab) y la plataforma internacional CONNECTAS, difundida por el periódico Reforma, reveló que la mandataria estatal, desde que ocupó la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) y ya como gobernadora, acumula al menos 97 vuelos privados de ella y su familia hacia destinos como Orlando y Vail, en Estados Unidos. Se trata de trayectos en aeronaves cuyo costo promedio ronda los seis mil dólares por hora, cifra que rebasa las percepciones de un servidor público.

El hallazgo más crítico de la investigación, señala que al menos 43 de esos trayectos se realizaron en aeronaves de la empresa PABE-TAX, firma vinculada a Grupo Seguritech, uno de los principales proveedores del gobierno estatal con contratos multimillonarios en materia de seguridad. A la par, el diario Reforma también dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado utiliza un helicóptero bimotor Bell 429 adquirido a la misma empresa proveedora.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la gobernadora admitió el uso de vuelos privados, argumentando que se trataba de trayectos combinados entre su agenda pública y su "rol de madre", asegurando que fueron pagados con recursos propios generados durante su desempeño en la iniciativa privada.

No obstante, la justificación particular, la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, así como el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establecen límites claros sobre las relaciones entre funcionarios y contratistas.

La relación documentada no acredita por sí misma la comisión de un delito, pero plantea preguntas que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes, particularmente respecto de posibles conflictos de interés, beneficios indebidos o intervención en contrataciones públicas. Y, de comprobarse irregularidades, se deberá aplicar la ley.

El pasado sábado 22 de agosto, en un mensaje publicado en la red social X, al referirse al caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “… el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia…”. La advertencia resulta particularmente pertinente frente a este caso que ha colocado nuevamente en el debate público la distancia entre los principios de austeridad proclamados por Morena y las prácticas personales de algunos de sus gobernantes.

Mientras la población de Quintana Roo enfrenta la crisis del sargazo en sus costas y, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, el 75.2% de los ciudadanos identifican a la inseguridad y la delincuencia como el principal problema, seguido de la corrupción (65.6%) (con una tasa de 17,176 víctimas por estos actos por cada 100 mil habitantes), así como una confianza al gobierno estatal del 41.8%, la gobernadora mantiene prioridades diametralmente opuestas.

Morena construyó su legitimidad política bajo la promesa de no incurrir en los abusos del pasado y trabajar por el pueblo. Hoy, la incongruencia está acabando con esa narrativa porque son sus propios liderazgos los que están envueltos en los escándalos que distorsionan los postulados de la Cuarta Transformación.