Una toma clandestina localizada en la zona de El Sauzal se convirtió en el primer eslabón de una investigación que posteriormente llevó al aseguramiento de tres predios en Ciudad Juárez. Las autoridades buscan determinar si entre esos sitios existía una estructura destinada al almacenamiento y distribución irregular de diésel y qué empresas o personas pudieron tener relación con ella.
Dentro de las indagatorias aparece LPE Transportes, compañía dedicada al transporte de personal. Su nombre ha sido relacionado con algunos de los elementos localizados en los inmuebles investigados, aunque hasta ahora no existe una determinación judicial que permita responsabilizar a la empresa por la comisión de algún delito.
Uno de esos puntos se encuentra frente a Riberas del Bravo, específicamente en el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna. El inmueble quedó asegurado y bajo vigilancia de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano como parte de las diligencias derivadas del hallazgo inicial en El Sauzal.
De acuerdo con información publicada el 23 de julio de 2026, en ese predio fueron encontrados vehículos utilizados para el transporte de personal, así como estructuras que aparentemente podían emplearse para despachar combustible. Corresponderá a las autoridades establecer mediante peritajes y otras pruebas qué uso tenían esas instalaciones y si estaban relacionadas con la presunta red investigada.
Las dimensiones que habría alcanzado la operación constituyen otro de los puntos por esclarecer. Reportes periodísticos señalan que la infraestructura habría permitido movilizar cientos de miles de litros de combustible cada año. La cifra, sin embargo, no ha sido confirmada mediante información oficial y tampoco se conoce con certeza cuál habría sido el destino del hidrocarburo.
La investigación enfrenta así el reto de reconstruir toda la cadena de suministro: desde el posible origen del diésel hasta su almacenamiento, traslado y eventual distribución. Esa tarea implica contrastar registros fiscales y financieros, facturas y documentos de compra, permisos, bitácoras de vehículos y otros elementos que permitan identificar movimientos de combustible y recursos.
Contar con instalaciones aparentemente destinadas al manejo de hidrocarburos tampoco demuestra por sí solo quién las operaba o cuál era el propósito de esa infraestructura. La eventual responsabilidad de personas físicas o morales tendría que sustentarse en pruebas capaces de establecer su participación concreta.
La expansión reciente de LPE Transportes también ha sido incorporada al contexto de las versiones difundidas sobre el caso. En agosto de 2025, la empresa sumó a su flota 28 autobuses Internacional Zafiro GT, modelo 2026, que cuentan con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.


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