Si bien aún no existe un proyecto de iniciativa formal en el Congreso, los recientes llamados de la Secretaría del Trabajo para realizar foros de discusión con representantes del sector obrero y patronal, marcan el inicio de una ruta para transformar la estructura laboral del país hacia 2030, para una transición gradual hacia una jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

Esta vía abre la posibilidad de diseñar una estrategia escalonada, socialmente responsable y económicamente viable. En este contexto, Estefanía Rueda, socia del despacho laboral Littler, analiza sus escenarios e implicaciones:

Reforma legislativa progresiva: el cambio no será inmediato. La propuesta que podría surgir de los foros es implementar una reducción gradual de la jornada laboral, iniciando en 2026 y culminando en 2030 con un máximo de 40 horas semanales para la jornada diurna.

Planeación estratégica del sector empresarial: el sector patronal ha expresado su apertura al cambio, siempre que se implemente de forma escalonada, lo que permitiría a las empresas rediseñar estructuras de personal, planificar turnos y ajustar presupuestos.

Sin cambios en el cálculo de horas extra: por el momento no se vislumbran reformas en el régimen de horas extra. Se mantendría vigente el pago doble por las primeras 9 horas extra semanales y triple a partir de la décima.

Impacto por sectores y regiones: aunque el objetivo nacional es homogéneo, se podrían contemplar flexibilidades para ciertos sectores productivos o regiones donde la transición implique mayores retos operativos o económicos.

Necesidad de incentivos o apoyos transitorios: podrían evaluarse esquemas de apoyo o incentivos gubernamentales para pequeñas y medianas empresas, que serían las más afectadas por la reducción de la jornada.