Durante casi dos décadas, Bahía de Banderas se convirtió en un escenario de maniobras inmobiliarias impulsadas por una red de empresarios, exgobernadores, notarios y funcionarios. Lo que inició como un fideicomiso público para detonar el turismo en la costa de Nayarit derivó en la venta de terrenos, juicios millonarios y acusaciones que hoy comprometen a las instituciones estatales.

En septiembre de 2021, el gobierno de Nayarit puso en marcha el denominado Megaoperativo Nuevo Nayarit, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE). El objetivo fue recuperar bienes presuntamente desviados del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), creado para administrar la zona, pero utilizado en los sexenios de Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) para operaciones cuestionadas.

Las investigaciones oficiales revelan que en el gobierno de González se realizaron 11 movimientos que involucraron 48 inmuebles, con un perjuicio estimado en 7 mil 457 millones de pesos. Bajo la administración de Sandoval se documentaron seis operaciones adicionales sobre 36 bienes, con pérdidas calculadas en mil 450 millones.

El operativo permitió el aseguramiento de fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y predios en Bahía de Banderas y Compostela. De acuerdo con la autoridad estatal, el daño patrimonial se estima en 9 mil millones de pesos, aunque el valor actual de las propiedades podría superar los 30 mil millones.

Los inmuebles incautados se incorporarán al nuevo Fideicomiso Nuevo Nayarit (FINN), que sustituirá al FIBBA. El gobierno anunció que los recursos derivados de este mecanismo financiarán pensiones y jubilaciones de los trabajadores estatales.

Sin embargo, la acción judicial abrió un frente de litigios. Más de 80 familias interpusieron amparos para conservar sus propiedades, bajo el argumento de haber adquirido de buena fe y de que los delitos ya prescribieron al haber transcurrido entre 14 y 20 años. 

Al mismo tiempo, siguen en curso procesos contra exapoderados y empresarios vinculados al sexenio de Ney González, entre ellos Iván “N”, identificado como apoderado legal de Inmobiliaria Bains S.A. de C.V.,  Contra Cárdenas, hoy prófugo, existen órdenes de captura por fraudes en perjuicio del fideicomiso.

En junio de 2025, la FGE solicitó a un juez de Control la aprehensión de Iván “N” tras su ausencia en una audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic. Posteriormente, el Ministerio Público lo declaró sustraído de la acción de la justicia.