La empresa de limpieza Ocram Seyer tuvo un crecimiento exponencial durante la administración de Enrique Peña Nieto. No se sabe con certeza quién es el dueño de la empresa, pero eso sí: de forma recurrente obtiene contratos por miles de millones de pesos del erario público en detrimento de los contribuyentes.

La compañía recientemente fue proveedora del IMSS, entonces bajo la dirección de Alejandro Svarch, con quien mantiene una disputa mediática por supuestos adeudos. Además, acaba de obtener un contrato en el ISSSTE por más de 1 mil 024 millones de pesos, adjudicado a través de dos partidas. En ambas, el grupo Ocram Seyer–Wilk es representado por Gabriel Rosas Rivera y dirigido por Estela Vega Montaño, según consta en la documentación oficial.

Sin embargo, la partida número 3, por la que se cobraron 770 millones de pesos para brindar servicios de limpieza y desinfección durante un solo año, el 2025, aún se encuentra en disputa, bajo un proceso por "Incidente de Procedimiento" a cargo del Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro.

El conflicto radica en que dicha propuesta fue 24% más cara que otras y, además, obtuvo una calificación técnica inferior. Para justificar el rechazo de las ofertas más económicas, el ISSSTE argumentó que eran "anormalmente bajas" y, por tanto, no viables. No obstante, este criterio no estaba contemplado en las bases de la licitación, lo que derivó en la descalificación ilegal de propuestas más competitivas.

Mediante el expediente administrativo INC-006/2025, fechado el 11 de junio de 2025, el OIC ordenó la reposición del fallo. En la página 33 del mismo documento se afirma textualmente: “Se presume la existencia de presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos al desestimar sin fundamento la propuesta económica de las inconformes.” Y añade: “Comprometiendo recursos públicos federales en una contratación ilegal por el servicio en cuestión.”

El tema no es menor: al ser la propuesta más costosa, se proyecta que en un solo año de servicio el sobre costo es de 100 millones de pesos. El problema se agrava al considerar que el ISSSTE repitió el fallo de la licitación y reincidió exactamente en la misma irregularidad, utilizando argumentos ya calificados como ilegales por la propia autoridad.

Ante este escenario, la pregunta obligada es: ¿Omar Butrón Fosado, director de Administración y Finanzas del ISSSTE, sabe lo que está ocurriendo en la contratación de sus proveedores?