El conflicto entre el Gobierno de Nuevo León y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) volvió al centro del debate público tras las declaraciones del gobernador Samuel García, quien descalificó el amparo federal que favorece a la compañía.
La expresión “para mí no vale”, utilizada por el mandatario para referirse a la resolución judicial, fue recogida por la revista Proceso, medio que dio cuenta del escalamiento del caso y de sus repercusiones legales y políticas. En el mismo reporte, García negó que exista un intento de extorsión, pese a la difusión de un audio en el que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aparece como intermediario para gestionar un “pago fuerte” a cambio de permitir la operación de la pedrera.
De acuerdo con la postura del Gobierno estatal, el diferendo se limita al cobro del impuesto ambiental y a presuntos adeudos de la compañía. En ese sentido, García afirmó: “No hay nada de corrupción, no hay nada de extorsiones. Desgraciadamente un juez que ya salió, antes de salir en agosto amparó a algunas (pedreras) ilegalmente y ahorita algunas, excusándose que tienen una suspensión, dejaron de pagar”.
Uno de los puntos que generó mayor inquietud fue la posición del Ejecutivo frente a las decisiones del Poder Judicial. Al referirse a las suspensiones concedidas a algunas pedreras, García señaló que el Gobierno estatal optó por desconocer sus efectos al considerar que fueron otorgadas de manera irregular, aun cuando la empresa presentó documentación oficial en la que la Tesorería estatal certificó que no existían incumplimientos fiscales.
Cifras relacionadas con el impacto financiero del caso también fueron mencionadas por el mandatario. “De repente en diciembre traíamos adeudos de 500, 600 ó 700 millones por un supuesto amparo", añadió, "¿qué pasó?, que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí no vale”.
La discusión se amplificó por la formación académica del gobernador. Samuel García es licenciado en Derecho y Finanzas, cuenta con una maestría en Derecho Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posee doctorados en Política Pública y Administración Pública, así como en Derecho Fiscal; aun así, su postura fue interpretada por actores del sector empresarial como un mensaje de confrontación con el marco jurídico y una fuente de incertidumbre para la inversión.
El desarrollo del caso ocurre en un entorno nacional complejo, marcado por hechos violentos registrados el fin de semana, derivados de la captura y abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que provocaron bloqueos y enfrentamientos en diversas entidades del país.
La combinación de conflictos entre autoridad y empresas con un contexto de violencia está generando, de acuerdo con especialistas, una percepción de riesgo que preocupa frente a la proximidad del Mundial de la FIFA, del que Nuevo León será sede.


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