Rentas justas, patrimonio en riesgo

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) se analiza la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para expedir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, un proyecto que, de aprobarse en sus actuales términos, impactará a miles de pequeños arrendadores en sus finanzas y su patrimonio, especialmente a las personas de la tercera edad que dependen del alquiler como fuente de ingreso.

Por ello, la discusión plantea una pregunta que el Legislativo no puede ignorar: ¿cómo proteger a los inquilinos sin poner en riesgo el patrimonio de quienes viven de rentar una vivienda?

Si bien la iniciativa busca regular el aumento de las rentas, combatir la gentrificación y dar mayor estabilidad a los arrendatarios. El problema está en algunas de las medidas propuestas y sus posibles consecuencias.

Uno de los puntos más controvertidos es el límite al incremento de las rentas, aunque el Código Civil ya establece que los aumentos anuales no deben superar la inflación del año anterior, la iniciativa incorpora una restricción clave: el tope estará vinculado al inmueble, es decir, aun cuando cambie el inquilino, el arrendador no podrá elevar el monto por encima de la inflación acumulada, salvo que acredite que se realizaron obras de mejora sustanciales.

De mantenerse esa disposición, los propietarios no tendrán margen para ajustar el precio de una vivienda al celebrar un nuevo contrato, aun cuando aumenten los costos de mantenimiento, las reparaciones o las obligaciones fiscales.

La iniciativa también considera la restricción a una sola garantía de cumplimiento por parte del arrendatario, esto impedirá al arrendador exigir de manera conjunta depósitos, fiadores con bienes raíces, pólizas jurídicas y obligados solidarios. Si bien se busca evitar requisitos excesivos que dificulten el acceso a la vivienda, limitar los mecanismos de protección puede dejar a los pequeños propietarios más expuestos frente a la falta de pago.

A estas preocupaciones se suman las propuestas anunciadas por Ángel Tamariz, vocero de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, de acuerdo a lo publicado por El Universal, respecto a permitir que los inquilinos depositen ante un juez la renta sin incremento ante un desacuerdo por aumentos arriba de la inflación y otorgar a los arrendatarios cumplidos la posibilidad de prorrogar su contrato por un año más por su sola voluntad. Ambos planteamientos requieren reglas precisas para evitar conflictos prolongados y garantizar que ninguna de las partes quede en desventaja.

La Asociación de Vivienda en Renta (AVER) ha advertido sobre los riesgos de vincular los límites de actualización al inmueble y registrar los montos de arrendamiento en un padrón digital: si rentar una propiedad implica mayores restricciones, costos e incertidumbre, algunos propietarios podrían optar por retirarla del mercado, venderla o destinarla a otros usos.

No todos los arrendadores son grandes inversionistas inmobiliarios, hay familias que construyeron un patrimonio durante décadas y adultos mayores que complementan su pensión, pagan medicamentos o cubren sus gastos con el alquiler de una casa o departamento. Para ellos, una regulación mal diseñada puede representar mucho más que una reducción en sus ingresos, puede comprometer su estabilidad económica.

Hoy, el Congreso de la Ciudad de México tiene la oportunidad de corregir los puntos más delicados de la iniciativa antes de su aprobación, distinguiendo entre grandes propietarios y personas que dependen de una vivienda para sostener su economía. Estableciendo criterios claros para actualizar las rentas, conservar garantías razonables ante incumplimientos y ofrecer mecanismos de solución de controversias que no obliguen a propietarios e inquilinos a enfrentar procesos judiciales largos y costosos.

La política de vivienda no puede descansar únicamente en imponer restricciones al arrendamiento, se necesita ampliar la construcción de vivienda asequible, incentivar el alquiler formal y facilitar el aprovechamiento de inmuebles desocupados sin debilitar los derechos de quienes ya participan en ese mercado.

Esta ciudad necesita rentas y leyes justas. Proteger a los inquilinos no exige desproteger a los propietarios, porque si la reforma termina castigando a quienes ahorraron durante años para tener una vivienda en renta, el Congreso habrá creado un problema adicional sin resolver el de fondo.

El derecho a una vivienda asequible no debe financiarse con la incertidumbre patrimonial de miles de familias. Esa responsabilidad le corresponde a una política pública bien diseñada, no al bolsillo de quienes construyeron su patrimonio con años de trabajo.

Facebook: Marcos Palafox Martínez     X (antes Twitter): @palafoxm

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