Autoridades federales analizan los convenios públicos otorgados a Broxel, empresa mexicana de servicios financieros que ha acumulado más de 25 mil millones de pesos en contratos durante los últimos catorce años. La revisión abarca adjudicaciones realizadas en administraciones panistas y priistas, tanto a nivel federal como estatal.

Fundada en 2011, la compañía centró su actividad en la gestión de vales y prestaciones electrónicas. Su crecimiento coincidió con el gobierno de Enrique Peña Nieto, periodo en el que logró posicionarse como uno de los principales proveedores de servicios de pago en dependencias como el Infonavit.

Entre 2016 y 2024, el Instituto otorgó a Broxel al menos diez contratos con un valor conjunto de 701 millones de pesos, de los cuales ocho se adjudicaron de forma directa. Estos convenios forman parte de una denuncia presentada en 2025 ante la propia institución y remitida a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y posibles conflictos de interés.

En los estados gobernados por el PAN, la empresa también registró una expansión relevante. Tan solo entre 2021 y 2024, los gobiernos de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro firmaron contratos con Broxel por más de 860 millones de pesos. De los 38 procedimientos registrados, 21 se realizaron por adjudicación directa, según información pública.

El historial de la firma incluye además sanciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 2020, el organismo multó a Broxel Transfer por incumplir con disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero; y en 2022 aplicó otra sanción a una de sus filiales por entregar información incompleta o falsa.

Documentos oficiales muestran que entre 2019 y 2025 la compañía acumuló retrasos en la devolución de 121 millones de pesos correspondientes a vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría de Finanzas capitalina debió enviar múltiples oficios para exigir el reintegro de los recursos.

Mientras tanto, Broxel participa nuevamente en la licitación de vales de despensa del gobierno capitalino, contrato valuado en más de 3 mil 700 millones de pesos. El fallo del proceso está previsto para este lunes 10 de noviembre.

Personas relacionadas con el procedimiento señalan que el senador Adán Augusto López habría intervenido con gestiones ante funcionarios locales y mediante el impulso de mensajes favorables a la empresa en algunos medios, lo que generó atención política sobre el resultado de la licitación.