El Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) enfrenta un nuevo frente por adeudos con proveedores. La empresa OCRAM Seyer, responsable de la limpieza integral en unidades médicas de Campeche, Colima, Quintana Roo y Veracruz, denunció pagos pendientes correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2025. El caso fue formalizado ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, bajo el expediente CONC/370/2025.

En su queja, la empresa señala que desde el 16 de julio de 2024 comenzó a operar en las unidades tras un acuerdo verbal con personal del IMSS-Bienestar, bajo la premisa de que el contrato IB/875/2024 estaba vigente. Esta versión fue reiterada durante su participación en el procedimiento conciliatorio, donde se entregaron pruebas documentales y operativas.

Pese a ello, Carmen de Jesús López Núñez, funcionaria del área de Servicios de Salud del organismo, reconoció que aún no se ha iniciado la revisión formal del expediente. Indicó que será necesario analizar reportes de servicio, actas y entregables para definir si procede el reconocimiento del adeudo.

La situación no es aislada. En las últimas semanas se han acumulado reportes de proveedores de distintos sectores que enfrentan pagos demorados por parte de entidades federales, lo que ha encendido alertas sobre las capacidades operativas y presupuestales del gobierno en áreas clave como salud, seguridad y educación.

Analistas del sector consideran que este tipo de atrasos compromete no sólo la operación cotidiana de los servicios públicos, sino también la credibilidad de las instituciones al momento de establecer acuerdos con terceros.

OCRAM Seyer ha solicitado una resolución expedita del caso, advirtiendo que de no regularizarse la situación podrían presentarse afectaciones logísticas en los centros médicos donde opera, lo cual tendría un impacto directo en la atención a los pacientes.

Mientras tanto, el expediente continúa en revisión. El caso se suma a una creciente lista de alertas que exigen mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los contratos públicos en el sistema de salud federal.