Dicho fallo permite reevaluar la situación jurídica de Miguel Ángel Peralta Betanzos, sentenciado a 30 años por homicidio y 20 por tentativa de homicidio, sin pensar en la seguridad de las víctimas sobrevivientes.  “A mí quisieron matarme, me lesionaron gravemente, y eso no puede tratarse como si fuera algo dudoso”, recordó la también activista en entrevista.

Acusó que el Poder Judicial privilegia formalismos procesales y la identidad indígena de los acusados por encima de su derecho a la vida y a la justicia. Además, señaló que esta interpretación de la ley favorece a figuras como Alfredo Bolaños Pacheco y Jaime Betanzos Fuentes, exautoridades municipales vinculadas al PRI, señalados de orquestar la agresión. 

“Cuando el sistema judicial decide absolver, lo que sentimos es un abandono profundo, es como si nos dijeran que lo que vivimos no fue suficiente, que nuestra palabra, nuestro dolor, no tienen valor. Para mi familia significa revivir todo: el miedo, la violencia, la pérdida. Significa volver a ese momento en el que nuestra vida cambió para siempre”, lamentó.

La dinámica que hoy se vive en Eloxochitlán difiere de las versiones expuestas en tribunales. Mientras la defensa de los procesados recurre a la narrativa de “presos políticos”, en la comunidad mazateca prevalece el temor a que no llegue la justicia por hechos que vivieron en carne propia. “Hay un sentimiento de impotencia y el temor de que la impunidad propicie que los agresores reincidan”, afirmó la sobreviviente.

La agresión de 2014 no respondió a una disputa por cargos públicos. En ese momento, Elisa Zepeda no ocupaba ningún cargó público. El ataque, explicó, derivó de su labor social y liderazgo en favor de los derechos de las mujeres mazatecas. Esa participación confrontó estructuras de control en el municipio y resultó en la quema de su patrimonio y en la persecución de su familia.

A una década de la tentativa de feminicidio, la activista se mantiene en lucha para rescatar la verdad histórica frente a los intentos de transformar un expediente criminal en un conflicto político. Para ella, el reconocimiento de los hechos constituye el único camino hacia la reparación. 

Sostiene que el asesinato de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada no debe quedar sepultado bajo discursos de derechos humanos que solo amparan a los victimarios y desprotegen a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio.

La ruta legal continuará con la revisión de las decisiones del colegiado ante las instancias correspondientes en busca de imparcialidad. La defensa de las víctimas exige un análisis integral que considere el contexto de violencia de género que rodeó el ataque, sin olvidar a las víctimas indirectas, quienes enfrentan el riesgo de una resolución que ignore la gravedad de los crímenes cometidos en la Sierra Mazateca.