De acuerdo con la información disponible, la licitación no se desarrolló como un proceso abierto, sino como una invitación dirigida específicamente a Servicios Broxel, lo que ha despertado críticas sobre la transparencia del procedimiento.

El programa contempla recursos por hasta 1,750 millones de pesos destinados a actividades sociales, culturales y deportivas, lo que aumenta la relevancia de garantizar un proceso competitivo y claro.

Uno de los elementos más cuestionados es la exigencia de entregar 700 mil tarjetas personalizadas en un plazo de 10 días tras el fallo, condición que ha sido considerada difícil de cumplir y que ha generado dudas sobre si las tarjetas ya estaban previamente elaboradas.

Además, el esquema contempla servicios adicionales como seguros de vida y asistencia veterinaria, con una comisión mensual de 352 millones de pesos, aunque beneficiarias han señalado desconocer el funcionamiento y acceso a estos beneficios.

En la licitación solo participaron Broxel y Previvale; sin embargo, durante la junta de aclaraciones, todas las preguntas realizadas por Previvale fueron rechazadas, al igual que las solicitudes de ajuste en los requisitos establecidos.

Los cuestionamientos se fortalecen con antecedentes en otras regiones del país, como Jalisco, donde usuarios vinculados a la Universidad de Guadalajara reportaron fallas en las tarjetas de Broxel, incluyendo problemas en transacciones y en sus plataformas digitales.

También se han reportado dificultades en zonas fuera de áreas metropolitanas por la escasa aceptación de las tarjetas, mientras que en Monterrey se documentaron errores en depósitos que alcanzaron hasta 20 mil pesos en cuentas que debían recibir 2,150 pesos.

Aunque la empresa realizó correcciones, los usuarios tuvieron que devolver los recursos utilizados, lo que generó inconformidad entre los afectados.

En medio de este escenario, fuentes cercanas al gobierno señalaron que Ernesto Armendáriz Ramírez está al tanto de las denuncias contra la empresa, mismas que ya son investigadas por la Secretaría Anticorrupción.