La mandataria explicó que la intención es que las plataformas digitales adopten mecanismos que impidan que menores de edad accedan a materiales considerados nocivos, además de impulsar acciones preventivas y evaluar posibles ajustes legales que fortalezcan la regulación en esta materia.

Como parte de la estrategia, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones continuarán trabajando en la instrumentación del decreto, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se prevé en los próximos días.

La propuesta surge en el contexto de las acciones anunciadas por el Gobierno federal para promover entornos digitales más seguros y prevenir la violencia entre niñas, niños y adolescentes, especialmente dentro del ámbito escolar.

Entre las disposiciones previstas se encuentra la obligación de las plataformas de identificar y retirar contenidos que promuevan cualquier tipo de violencia, clasificar materiales por edad, habilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como establecer mecanismos de denuncia y configuraciones de privacidad reforzadas para usuarios menores de edad.

Asimismo, se plantea una mayor colaboración entre las plataformas y las autoridades de seguridad y procuración de justicia, incluyendo canales de contacto permanentes para atender requerimientos oficiales, conservar evidencia digital y reportar de manera inmediata situaciones que representen riesgos para la vida o la integridad de las personas.

El decreto también contempla acciones de prevención y acompañamiento, como la promoción de programas de apoyo emocional y orientación dirigidos a niñas, niños, adolescentes y sus familias. Además, se instruye la instalación de una mesa de trabajo para analizar futuras propuestas regulatorias que fortalezcan su protección en espacios digitales.

De acuerdo con el Gobierno federal, las medidas estarán dirigidas a las plataformas que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios, con el fin de establecer mecanismos de coordinación orientados a reforzar la seguridad de menores de edad en internet.