La medida cautelar fue solicitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ejecutada por instrucciones del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a partir del 29 de noviembre de 2025, como parte del expediente incidental INC/01/2025.

La suspensión se estableció para impedir que el servidor público continuara ejerciendo funciones administrativas mientras se desarrollan las investigaciones por presuntas irregularidades en su desempeño.

“...se deberá suspender todo uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales que en su caso dicho Instituto hubiera asignado al servidor público”.

Durante su gestión, el IPN adjudicó a la empresa Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V. un contrato plurianual de servicio integral de limpieza con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, el cual permanece bajo revisión por los órganos de control.

El 27 de mayo, la empresa Suministros Doxie, S.A. de C.V. interpuso un recurso de inconformidad contra la convocatoria IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025, lo que derivó en la suspensión provisional del procedimiento y en el requerimiento de informes circunstanciados.

El Órgano Interno de Control del IPN instruyó al equipo de la Secretaría de Administración iniciar el trámite de terminación anticipada del contrato y convocar a un nuevo proceso de licitación.

No obstante, fuentes del sector administrativo señalaron que la operación del servicio continúa bajo los mismos lineamientos y que el director general de Infraestructura, José García Alonso, mantiene la gestión conforme a los términos vigentes.

En paralelo, trascendió que la semana pasada Tapia Santoyo fue visto realizando gestiones ante la Auditoría Superior de la Federación, en un intento por cabildear el cierre del caso, mientras las investigaciones internas continúan su curso.