Mientras continúan las movilizaciones en Guadalajara por el aumento a la tarifa del transporte público, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la entrega de seis vuelos redondos a Nueva York para quienes tramiten la llamada “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”. Tres viajes serán cubiertos con recursos propios del mandatario y otros tres contarán con el patrocinio de Volaris.
El programa contempla que el gobierno estatal pagará 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa a Servicios Broxel, firma encargada de la administración del sistema. Si se incorpora el universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad, el monto podría superar los 16 millones de pesos al mes.
La estrategia incluye un subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para mantener la tarifa en 11 pesos. Esta bolsa podría rebasar los 5 mil millones de pesos al año, de acuerdo con las proyecciones oficiales.
Detrás del incentivo de ahorro por pasaje, la tarjeta opera como instrumento financiero y requiere el registro de datos personales, biométricos y de contacto para acceder al beneficio tarifario. Colectivos han señalado que este requisito condiciona el subsidio al uso del plástico.
Anuncio y reacción pública
Durante el anuncio, el mandatario expresó: “...para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”. La declaración se produjo después de que previamente mencionara que con la tarjeta una persona podría pagar un café en esa ciudad.
Las críticas se intensificaron en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono de promoción del programa y lo compararon con una estrategia comercial de la empresa operadora. Organizaciones civiles han señalado que la medida representa una vía para incorporar a usuarios del transporte al sistema financiero bajo un esquema vinculado al subsidio público.
El anuncio coincidió con nuevas protestas contra el llamado “tarifazo” y contra la obligatoriedad de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial. Las movilizaciones mantienen el debate abierto sobre el diseño del programa y el uso de recursos públicos en su implementación.
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