Desde que Ana María Castro Fernández asumió la presidencia municipal de Tultitlán el 1 de enero, la administración ha enfrentado una creciente inconformidad ciudadana debido a la falta de atención social y administrativa, un mal manejo del presupuesto público y ante la falta de certidumbre jurídica, varias empresas han traslado sus operaciones a otros estados.

La percepción de deterioro en la calidad de vida y el desacuerdo con las políticas locales han generado una crisis de gobernabilidad. Una de las decisiones más polémicas fue el cambio de nombre de una colonia a “Cuarta Transformación”, realizado sin consulta ni aviso previo a los vecinos. 

Aunque el gobierno argumentó que se trataba de una medida para regularizar la zona ante disputas ejidales, los residentes rechazaron la decisión por su carácter unilateral y la falta de información sobre las consecuencias administrativas.

El manejo del presupuesto también ha sido cuestionado en la gestión de Ana María Castro al adjudicar contratos por 72.7 millones de pesos, en su mayoría mediante procesos directos o con un solo participante, lo que ha generado dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.

Los recortes presupuestales también han sido notorios, pues en 2024 el recurso asignado al agua potable fue de 34 millones de pesos, 23 millones menos que el año anterior, asimismo, los destinados para alcantarillado y electrificación fueron inexistentes tanto en 2023 como en 2024.

A estos problemas se suma el de inseguridad, donde de acuerdo con el INEGI, el 87.3% de los habitantes del Estado de México se siente inseguro, entre ellos los que radican en  Tultitlán.  

De acuerdo con el informe de 2025 sobre pobreza y rezago el 42% de los habitantes de Tultitlán vive en situación de pobreza, mientras que un 18.4% enfrenta carencias sociales. En rubros como salud y vivienda apenas el 1.6% de la población cuenta con servicios básicos en sus hogares.